La nueva disposición salarial de Honduras, alusiva a la contratación general, que se encuentra dentro del Presupuesto General de 2007, ha causado gran controversia entre los líderes sindicales hondureños, que se han mostrado indignados por el hecho de quel Gobierno quiera ligar los salarios a la inflación.

Contrariamente a los empresarios privados, que han apoyado la medida, las centrales sindicales han anunciado que denunciarán al Gobierno ante organismos internacionales, ya que consideran que se trata de un atentado al sistema laboral vigente.

El secretario de la Central General de Trabajadores, Daniel Durón, ha declarado que "nadie puede limitar la negociación colectiva" y ha considerado que esta disposición viola los compromisos asumidos por Honduras con la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Durón sostiene que remitir la negociación al índice inflacionario es flasificar la realidad y obviar el alto coste de la vida en la nación latinoamericana, por lo que ha convocado a todas las organizaciones sindicales a luchar para impedir "un atropello contra una de las conquistas de los trabajadores, como es la libre negociación de las condiciones de trabajo".