Representantes del grupo hotelero español Barceló han pedido al Gobierno nicaragüense que levante el embargo preventivo que tiene sobre un centro turístico de su propiedad situado en las costas del Pacífico, por una deuda de dos millones de dólares (1,3 millones de euros) que la empresa no reconoce.

El abogado del grupo, Evenor Taboada, solicitó al procurador de Justicia que representó al Ejecutivo de Daniel Ortega en la acción judicial, que la Administración nicaragüense explique qué es lo que se le debe y que levante el secuestro del complejo hotelero.

Además, el abogado de Barceló aseguró que el secuestro no es necesario, porque eso afecta no sólo al Grupo Barceló, sino a todo el país en sus inversiones turísticas, y aseguró que el grupo es tratado por el Gobierno como si fuera un delincuente.

La justicia nicaragüense embargó hace 20 días de manera preventiva el Complejo Turístico Barceló Montelimar, situado frente a las costas del Océano Pacífico de Nicaragua, por incumplir supuestamente las cuotas de pago que la empresa debía entregar al Estado hasta el año 2006 si superaba el 60% de ocupación de sus habitaciones.

Según el Gobierno, esto ha sucedido y el grupo turístico español no ha pagado sus impuestos, mientras que Barceló asegura que nunca han llegado a ese tanto por ciento de ocupación. Fuentes de la compañía no han hecho declaraciones a este diario.