El Gobierno uruguayo del presidente Tabaré Vázquez, formado por la coalición de izquierda Frente Amplio, vive un fuerte conflicto social y una fractura con los sindicatos del sector público y organizaciones sociales, que reclaman mejoras salariales y laborales. Estas organizaciones fueron sus aliadas incondicionales antes de que Vázquez llegara al poder en 2005.

Estas protestas, que han afectado al funcionamiento del Estado en diversas áreas como la sanitaria, la educativa, la económica o la judicial en los últimos meses, van desde aumentos salariales y mejoras en el desempeño de sus tareas, hasta el rechazo a las reformas impulsadas por el Gobierno, e incluso protestas para no pagar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El vicepresidente uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, declaró a los medios que en el ejercicio del Gobierno se han dado cuenta de algunas cosas, y aclaró que se refería a que cuando se discutió sobre la privatización de las empresas públicas, no advirtieron que ya existía una forma de privatización, la de aquellos funcionarios que no la quieren porque utilizan estas empresas públicas para su propio beneficio.

Además de las reclamaciones sindicales, llueven las acusaciones contra el Ejecutivo del presidente socialista, Tabaré Vázquez, por ''traicionar'' los postulados de la izquierda y llevar adelante una política económica contraria a los intereses populares.

Los funcionarios públicos de Uruguay, que en 2005 representaban el 16,6% de la población activa, son mirados con recelo por los trabajadores del sector privado, que no tienen el puesto de trabajo asegurado y además gozan de menos días de vacaciones y asuntos propios que los que trabajan para el Estado.