La resolución judicial que ordena el traslado a Sucre del gobernador rebelde de Pando, Leopoldo Fernández, detenido en una cárcel pública de La Paz, no cuenta con el consentimiento de Evo Morales, ya que lo considera ilegal, y que pretende favorecer a un delincuente. El mandatario, hizo fuertes acusaciones de que sospecha que ha habido mucho dinero por medio para la liberación de Fernández, aunque no reveló más detalles.

El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, declaró que no darán curso al fallo. Por su parte, el ministro de Interior, Rubén Gamarra, aseguró que Fernández no saldrá de prisión. Y el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, afirmó que "el Gobierno no tiene la obligación de cumplir" con el fallo, porque es "ilegal". El funcionario señaló que "se tomarán todos los recaudos legales" para impedir que los jueces que emitieron el fallo "se salgan con la suya".

Morales, declaró que Fernández "es una persona con semejantes cargos de corrupción, de nepotismo, de genocidio... no es posible que algunos miembros de la Justicia boliviana traten de ayudar a un delincuente".

Sin embargo, Fernández, fuerte opositor del Gobierno, y encarcelado el pasado septiembre, ha reclamado a la Justicia declarando su inocencia, y el recurso ha sido admitido por la corte del distrito de Chuquisaca, que insta al Gobierno a trasladar en 48 horas a Fernández a Sucre, para que se someta a la competencia de la Corte Suprema.

Mientras, para el Gobierno, Leopoldo Fernández, debe continuar preso, porque consideran que cometió no faltas administrativas, sino delitos, y no están de acuerdo en que esté la posiblidad de que se someta al juicio de la Corte Suprema.