La multinacional Shell Brand International AG (SBI) y su filial Shell Nicaragua S.A. (SN) han tramitado una solicitud de arbitraje contra el Estado de Nicaragua ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) para definir cuál de las partes debe hacerse cargo de los 489 millones de dólares (382 millones de euros) que se deben a los afectados por el Nemagón.

La causa de la disputa es fijar la responsabilidad de pago de las indemnizaciones a los trabajadores de diferentes empresas agrícolas, que en los años 90 se vieron afectados por los pesticidas fabricados con una sustancia tóxica denominada DBCP, que produce, tras un contacto prolongado sin protección adecuada, lesiones como esterilidad, cáncer, malformaciones o deficiencias mentales. El Estado de Nicaragua sentenció, en diciembre de 2002, a Shell Oil Company, así como a Dow Chemical y a Dole Food Company, a pagar la cantidad arriba mencionada a 600 de los 5.000 trabajadores que presentaron demandas.

Según una carta enviada por el procurador general de la República, Alberto Novoa, y el ministro de Fomento, Industria y Comercio, Alejandro Argüello, a la sede del Ciadi en Washington, Nicaragua estima que este organismo no tiene competencia para dirimir la solicitud de arbitraje presentada por SBI, amparándose en las Reglas Procesales Aplicables a los Procedimientos de Arbitraje. La carta agrega que la SBI y la SN renunciaron a la jurisdicción del Ciadi al someterse a la de los tribunales nicaragüenses, que las condenaron en 2002.

Por otra parte, dicha carta menciona el artículo 26 del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, que establece que "un Estado contratante podrá exigir el agotamiento previo de sus vías administrativas o judiciales, como condición a su consentimiento al arbitraje conforme a este Convenio".