El
ministro de Seguridad de Costa Rica, Fernando Berrocal, acordó
junto con el presidente, Óscar Arias, renunciar a su cargo
tras la polémica que ha desatado desde el pasado 15 de
marzo cuando denunció que en el país existen "sectores
políticos" vinculados a la guerrilla colombiana.
Estas declaraciones las realizó
al confirmar el hallazgo de los 480.000 dólares relacionados
con las FARC en una casa en Santa Bárbara de Heredia, a
25 kilómetros al norte de San José.
El funcionario fue criticado por
políticos y diputados, quienes lo citaron a comparecer
hoy en el Congreso para que aclare qué políticos
locales estarían relacionados a las FARC. El ex ministro
aseguró que entre el mandatario y él decidieron
que era mejor presentarse a la Asamblea Legislativa sin el cargo
para no politizar la información que presentará
sobre el caso, publicó la prensa costarricense.
En un comunicado de prensa del
Gobierno, las autoridades se comprometieron a investigar los posibles
nexos a través del Ministerio Público (Fiscalía), así como tomar
cualquier iniciativa legislativa para aclarar la penetración del narcotráfico
y la posible injerencia de las FARC en Costa Rica.
El dinero encontrado en el país
centroamericano quedó al descubierto por datos contenidos
en una computadora decomisada tras un ataque a un campamento de
las FARC en el que murió uno de sus líderes, Raúl
Reyes, quien junto a Rodrigo Granda, del ala política de
las FARC, había visitado Costa Rica en varias ocasiones
a fines de la década de 1990.
La pareja propietaria
de la vivienda de Costa Rica, el español nacionalizado costarricense
Francisco Eleuterio Gutiérrez Pérez, un profesor
retirado, y su esposa, la costarricense Cruz Prado Rojas, aseguraron
a la prensa que como un favor que les solicitó entre 1997
y 1998 el propio Granda, a quien en ese momento sólo conocieron
como "Ricardo'', guardaron la caja fuerte porque suponían
que contenía documentos.
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