En la Argentina, una particularidad manda desde la vuelta a la democracia: desde 1983 los años impares son electorales. Así, los comicios presidenciales de 2007  manifiestan  un factor importante, sobre todo teniendo en cuenta que el actual “modelo” fundamenta sus fortalezas en tres aspectos clave apoyados en la bonanza que transmite el devenir económico. A saber: 1) La persistencia de la actual coyuntura internacional; 2) La capacidad de seguir generando superávit fiscal para sostener las políticas expansivas y 3) La contención del sistema de precios relativos en áreas sensibles -como la de la energía- sin llegar a  despertar  la vía rápida de la inflación.

Evidentemente nos encontramos ante un interesante desafío que sobrevuela  la euforia del Frente para la Victoria, el actual partido gobernante. Estamos ante la posibilidad de que una victoria del presidente Kirchner en las próximas elecciones   podría convertirse en la trampa con la que se podría tropezar, ya que al correr de cuatro años de crecimiento continuo, de entre el 8% y el 9% anual, la campaña electoral se basa sobre el creciente nivel de consumo y la escalada salarial: un disparador insaciable  para una sociedad  que desde 1995, tiempos del ex presidente Carlos Menem, no asistía  a una elección presidencial donde el factor económico fuese su actor principal.

Desde casi el inicio de la Administración Kirchner, expertos economistas daban por muerto el rebote de la actividad iniciada en los primeros tiempos luego de la debacle, aspiración que no se cumplió. Como así  tampoco la explosión de la convertibilidad.

A pesar de que se encienden luces de alerta con anticipación, es improbable que, autónomamente, el Gobierno intente cambiar políticas que le trajeron beneficios en este tiempo. La primera es la inflación, tema que desvela a todo el Gobierno desde los tiempos en que la recuperación ya era una realidad y dejó de ser la primera prioridad. El actual control se basa en una regulación de hecho (con los “acuerdos”) o de derecho (con las tarifas de servicios públicos) que todos los protagonistas saben y dicen (en privado) que permanecerá inalterable hasta las elecciones.

En cuanto al gasto público, se ha incrementado considerablemente y por supuesto sería descabellado pensar que justo este año  se dé la vuelta al control fiscal. A escala nacional, mantener el superávit implica seguir de cerca la evolución de los precios de exportación y mantener el colchón de retenciones (o usarlas como disuasión para algún sector) y ampliar el control de la evasión. 

Consideramos dos variables que podrían atentar contra la usina de recursos de las políticas de la actual Administración: Los costos financieros más elevados por las políticas monetarias y, sobre todo, el gasto en obras públicas, siendo éste un aspecto  crucial ya que por un lado los gobernadores y los  intendentes de la provincia de Buenos Aires, alineados al  poder central, hacen fila para obtener fondos para obras que mostrar  en plena campaña electoral. 

Como ejemplo concreto  vemos que en el actual  presupuesto de la provincia de Buenos Aires introdujo la necesidad de acudir al mercado de capitales, cosa complicada dado su historial crediticio. 

La nueva batería  impositiva  propuesta  por  el Gobernador Felipe Solá, además de provocar inminentes juicios por doble imposición, alerta sobre un tema no resuelto desde la reforma constitucional de 1994: la anunciada y nunca concretada nueva ley de coparticipación federal.

Es de suponer que en el distrito electoral más importante, el Gobierno lleve para adelante una vez más esa discusión con más remesas. 

En el campo privado, los “ganadores” de la primera época  hoy ven peligrar sus altas tasas de ganancia. Los que se aprovecharon de precios de energía y mano de obra baratos hoy no defienden su posición contra la lenta alza en los salarios a medida que crece la tasa de actividad (entre 7% y 8% de aumento proyectado), la baja en el desempleo (con pronósticos más inciertos pero también benignos) y con un panorama energético más complicado.

Resistiendo el Gobierno a las presiones del sector por mejorar los precios de referencia, cualquier concesión que se haga  será un maquillaje para permanecer a flote. La plata fresca vendrá por otro lado: subsidios para inversiones y partidas para obras de infraestructura; finalmente, el gran responsable de los números azules en toda la región. 

Pero el verdadero partido se jugará al día siguiente de las elecciones. Será el día bisagra: o se aprovecha el “colchón” internacional para alentar  inversiones, reacomodar  precios relativos y seducir al empresariado, o se empezará a vivir a expensas de la buena fortuna, que como buena diosa no siempre juega para un mismo lado.