El presidente Uribe maneja algo que llama “política social estructural”. La magia del populismo castro-chavista creó las engañosas e ineficientes misiones. Aún sigue viva la polémica entre políticas sociales universales y focales. Desde los ochenta, en lo personal, dilucidamos no sólo aquello que corresponde rigurosamente a la política social, sino sus relaciones con la política económica.

Pero todo lo anteriormente dicho se asocia a una política social que tiene características asistencialistas y compensatorias: actúa sobre los efectos de la economía. Es ex post, es reactiva.

La pobreza, la exclusión y la desigualdad no tienen por qué ser tratadas reactivamente,  después que se producen como resultado de fallas en la creación de riqueza,  a la par de los resultados esperados en la esfera del bienestar. Eso define una política accesoria: la política social, basada en intervenciones gubernamentales o mixtas, dirigidas a la redistribución y no al mejoramiento de la distribución misma.

La pobreza y otros problemas sociales los conceptuamos en términos de fallas del proceso económico; claro que influido por “datos de partida” extraeconómicos de la acción económica integral (por ejemplo: la influencia de la educación y la cultura en la definición de las “funciones de preferencia” individuales y sociales y en el acervo de conocimiento científico y tecnológico), pero sólo resolubles a través de ella.

Si lo social toca a los salarios, el  desempleo, el nivel de vida, el ingreso de subsistencia, la desigualdad de riqueza e ingresos, etc., sin duda se refiere a datos y variables de contenido claramente económico, que no pueden ser tratados y manejados sino con los instrumentos de la Economía. Lo cual, insistimos, no tiene que significar un esquema economicista. Pero tampoco con prescindencia o inferioridad de esa disciplina.

Las fallas sociales, entonces, en tanto fallas económicas (siempre habrá desfavorecidos absolutos, sin ninguna relación con lo económico), deben ser resolubles desde el momento de diseño de la política pública integral y no luego de presentarse en tanto sus efectos indeseados.

En nuestra propuesta pragmática para el desarrollo y la inclusión que llamamos “El Nuevo Modo”, planteamos desde hace algo más de dos años, la necesidad de un manejo proactivo e integral: la consideración, ex ante, de políticas y formas de organización, en circuitos virtuosos de desarrollo, basadas en la incorporación productiva de desfavorecidos.

“El Nuevo Modo” del desarrollo y la inclusión, en lo que toca a lo social, se basa en iniciativas cercanas a los ciudadanos en formas productivas ligadas a las posibilidades del territorio, con uso de redes sociales y productivas, diseños institucionales, aprovechamiento del conocimiento, etc. Es una nueva conceptualización que mejora el éxito en la economía global. Y resuelve, en sus causas y no después de los efectos, los problemas de pobreza, desigualdad y exclusión.

Su principal concreción, ya lo hemos dicho, es el fomento y optimización de agencias locales de desarrollo en “aglomeraciones territoriales competitivas” ligadas a ventajas comparativas, apoyadas en políticas públicas coordinadas y la integración de todas las partes interesadas.

El manejo propuesto contiene cinco componentes: los agentes sociales, su organización e institucionalización; la influencia de la territorialización; las redes sociales focales y proactivas; las adaptaciones organizativas de lo existente y un claro paradigma organizativo.