Al prestar juramento para su segundo mandato, Lula optó por múltiples mantras como por ejemplo “crecimiento-inclusión-desbloqueo”. Así, la economía creció en un promedio anual de sólo el 2,6% durante su primer mandato, mientras que el resto del mundo lo hizo en un 4,8%. Ahora Lula quiere elevar esa tasa a un 5% y el alarde respecto de que su segundo mandato está comenzando con las condiciones más favorables y auspiciosas de la historia no es del todo exagerado.

La inflación fue sólo de un 3% en 2006 y se espera que se mantenga en esos números durante el presente año. Las tasas de interés, a pesar de ser bastantes altas aún, están disminuyendo, con un superávit comercial de 46.000 millones de dólares y reservas por 90.000 millones. La economía parece estar segura frente a sacudones del exterior, el crecimiento debería incrementarse en forma rápida hasta un  3,5 o 4 % durante el corriente año, en parte gracias al efecto retroactivo de las tasas de interés reducidas.

Es poco probable que antes de la segunda mitad del mes en curso aparezca un “programa de aceleración del crecimiento” por demás anunciado. Una preocupación aún mayor es el contenido de dichas alternativas, cuando se hagan realidad. Lo ideal sería que Lula utilice una excavadora para liberar los obstáculos principales del crecimiento: el gasto público, que no sólo es excesivo, sino que también está mal orientado, y la normativa, que es severa y por momentos caprichosa. Estas son las causas subyacentes de las altas tasas de interés, una carga impositiva aplastante de casi el 40% del PIB y una inadecuada  inversión tato en el ámbito público como privado, ya sea por la poca experiencia e ineptitud de funcionarios, dirigentes y un sector del empresariado privado brasileño.

En su lugar Lula proyecta emplear un ‘autoelevador', más bien pequeño, que podría eliminar algunos impedimentos pero dispersar otros. Un ejemplo significativo de 2006, es el aumento real del 5,3 % en el salario mínimo hasta 380 reales 177 dólares  mensuales, el cual Lula impuso más allá de las objeciones de su ministro de Hacienda, Guido Mantega. Este es el más convincente de una serie de incrementos generosos que ayudaron a Lula  a asegurar su reelección y que aumentarán el costo de pensiones financiadas por el Estado, que ya se tornan intolerables. Como consecuencia, el Gobierno  tiene intenciones de limitar los incrementos de salarios, pero tal vez esa promesa no pueda mantenerse.

Se espera que el paquete de crecimiento incluya reducciones impositivas a efectos de promover la inversión, así como también un incremento del gasto en infraestructura, pero existen pocas posibilidades de que se recorte otro gasto para poder costearlo. Con el propósito de dar lugar a la infraestructura, el Gobierno podría recortar el superávit primario a un porcentaje menor al 4,25 % del PIB, meta establecida por Lula al asumir su mandato en el año 2003. Esto no amenazaría la estabilidad económica, ya que aunque se recortara el superávit hasta  un  2,5%, la deuda continuaría disminuyendo, como parte del PIB, sin embargo, significaría la permanencia del bloqueo fiscal relacionado con un mayor crecimiento.

La gran reforma económica que Lula mencionó en sus discursos inaugurales fue un plan de convertir una combinación de impuestos fiscales sobre las ventas en un único impuesto al valor agregado nacional, un emprendimiento ambicioso sobre el que hay importantes desacuerdos políticos, sobre todo en lo que se refiere a jubilaciones y pensiones, así como al mercado laboral, que son temas que requieren reformas fundamentales.

Lula se mantiene llamativamente en silencio, los motivos, sólo él los conoce.