El bajo impacto económico de la única medida económica expresa conocida –la restricción del cupo de divisas a viajeros- y la inexistencia de medidas conexas o integrales hacen concluir que el gobierno venezolano no posee respuestas satisfactorias frente a la evidente crisis económica. A no ser que su forma de ahorrar recursos sea la limitación de la libertad económica de todos y la dramática y ostensible caída de la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, manifiesta en la severa crisis de seguridad, vivienda, electricidad y atención hospitalaria a los sectores populares, por sólo mencionar unos ejemplos.

En lo económico, el problema presente no es sólo cambiario. Es decir, no es sólo que de acuerdo a nuestras estimaciones, el total de ingresos de este año, por venta de petróleo, va a ser menor que las meras importaciones de bienes y servicios. También hay un severo problema fiscal, en tanto tales ingresos, en el mejor escenario, apenas alcanzarían para financiar sólo un 60 % del presupuesto aprobado, en un contexto de contracción del crédito internacional y caída del PIB, lo cual limita los montos de las otras fuentes de recursos presupuestarios. Pero hay más: la inflación, los intereses y la tasa de cambio efectiva se dispararían a niveles de riesgo tanto en lo económico como en lo político. Lo único que se moderaría –y no es precisamente una buena noticia- sería el incremento salarial de este año.

Tal como hemos venido insistiendo desde mediados del mes pasado, el único camino riguroso es la formulación de un Plan Especial Anti Crisis, que aborde técnicamente el análisis y diseño de un conjunto amplio de medidas en todas las dimensiones del complejo problema económico enfrentado. Y que lo haga no con la irresponsable carga de política con la cual el gobierno ha podido conducir la bonanza, sino que considere que es precisamente en épocas de escasez cuando más necesarias resultan las prácticas económicas sanas.

El Plan debe necesariamente realizar un ajuste macroeconómico exigente: ajustes en las tasas de cambio; racionalización severa, pero no necesariamente traumática, del gasto público; optimización del uso de los varios fondos para-presupuestarios existentes y una ingeniería política y financiera proactiva que mejore la posición crediticia internacional, a varios fines. Pero, también debe actuar anticíclicamente y tomar medidas que solapen la crisis, tales como, por mencionar sólo dos: asumir un importante déficit fiscal y optimizar su uso, con parámetros exigentes de eficiencia del gasto público. Y todavía son necesarias muchas medidas más. Todas ellas las hemos incluido en el Plan Especial mencionado.

El gobierno no debería cometer dos errores que le podrían resultar costosos políticamente: seguir cargando de costos y frustraciones a toda la sociedad venezolana –y no sólo a la clase media, como tanto se dice- y no considerar la opinión de diversos sectores en el momento de su ya tardía respuesta a la evidente crisis económica y de prestación de servicios públicos.

La manera de viabilizar la propuesta del Plan Especial tiene plena cobertura legal, pasando por una exigencia social –como la que hacemos- que requiere la intervención urgente de la Asamblea Nacional. La responsabilidad, como órgano integrante del Poder Público, recae en el órgano legislativo, el cual, tendrá que dictar una Ley que le de sustento a las medidas sugeridas para afrontar la crisis. Ese elemento institucional juega un papel relevante para garantizar la participación de los sectores académicos, profesionales, vecinales y gremiales. Con ello se lograría afinar los mecanismos para prevenir los embates y el impacto del fenómeno mundial y el bajo desempeño gubernamental.

En otra oportunidad, el extinto Congreso Nacional, sancionó la “Ley de Regulación de la Emergencia Financiera” ante un escenario de crisis en el sector bancario. Hoy día, frente a una dificultad de espectro mayor, requerimos lo propio, con una marcada exigencia de lo técnico y con la intervención de lo más granado de la vida nacional, sin pruritos políticos que discriminen al sector no oficialista y crítico de la política económica gubernamental.

Lo fundamental de la problemática nacional actual es de naturaleza económica y de desempeño gubernamental y el gobierno sigue cargando la agenda y su actuación de manejos puramente políticos. La vía que proponemos podría provenir, incluso, de una iniciativa de los electores, tal como permitido por el artículo 204 de la Constitución. La sociedad nacional tiene la palabra.