En la Venezuela chavista se superponen tres grandes problemas económicos: 1º) El modelo que la orienta, dirigido a calcar progresiva y sibilinamente -con las especificidades del caso- la experiencia comunista cubana. 2º) La pésima dirección oficial, resultante en una de las inflaciones más altas del mundo y el “palmarés” de ubicarnos en los últimos lugares del mundo en facilidades para la producción (Índices  “Doing Bussines” del Banco Mundial  y de libertades económicas de la Heritage Foundation y el Fraser Institute). 3º) La crisis económica mundial, ya presente en nuestro país, pese a la obstinada negativa oficial.

Antes de la crisis, ya la economía venezolana andaba mal. Ahora, está peor y podría llegar a problemas aún mayores: 1º) Se cayó el crecimiento debido al gasto público financiado con los altos precios del petróleo y este año podría ser recesivo o contractivo. 2º) A los precios actuales del petróleo, el ingreso anual estaría por debajo de los 30.000 millones de dólares,  muy por debajo de las importaciones (cerca de 50.000 dólares este año) y de los requerimientos presupuestarios (cerca de 80.000 dólares) y, finalmente, 3º) el camino de desbordamiento inflacionario debido al financiamiento monetario del gasto público (confiscación legal de las reservas monetarias del BCV), de no haber mejoría de los ingresos y en el terrible supuesto del triunfo del 'Sí' en el próximo referéndum, podría significar un corralito bancario, o incluso una estatización de la banca, como únicos medios al alcance de la limitada inteligencia gubernamental para controlar la liquidez monetaria de origen inorgánico.

Todo lo anterior nos dice que la agenda económica que nos choca en la cara es altamente prioritaria. Mientras tanto, los sectores democráticos siempre vamos por detrás del régimen, en la trampa de su agenda política. No puede ser, pensado estratégicamente, que siempre estemos alineados con Chávez y su claque en el día a día de la agenda política nacional. Nosotros, los muy diversos agentes de la sociedad democrática nacional, debemos marcar la impronta de poner en la agenda política nacional los temas que consideramos de nuestro interés estratégico. Pero, además, aquéllos en los cuales tenemos claras ventajas comparativas respecto al régimen.

Por ejemplo, no podemos permitir que el ajuste del gasto público sea por la vía de la criminal crisis hospitalaria (que afecta a los más necesitados) la desatención de la seguridad y la violencia (que, también, cobra su mayor cuota entre los pobres), el fracaso oficial en la vivienda popular, etc. Tampoco que en un país que cada día produce menos, la estrategia oficial sea de confiscación de todo espacio privado, estatizaciones, controles, abusos administrativos, etc. Finalmente, que frente a la crisis, la solución sea negarla o cargarla sobre la atribulada sociedad nacional, como las recientes medidas de racionamiento de divisas, vía la agencia oficial de control de cambios. 

El entorno económico amplio de este año se nos muestra altamente preocupante en cualquier escenario que se mire: una drástica caída del crecimiento, la desaparición de la situación boyante de gasto público y liquidez permitida por los precios altos del petróleo (que –hay que decirlo- ha sido la única fortaleza económica del país en los últimos años), un escenario de mediana a alta probabilidad de ajuste cambiario, la persistencia o recrudecimiento de la inflación, un presupuesto de divisas para importaciones seriamente afectado por los ingresos corrientes previstos, alzas impositivas, etc.

Tal entorno define los términos de una intervención facilitadora. Pero, obliga a una actuación que no puede ser conceptuada sino como especial. Se trataría de introducir medidas de política a contracorriente de lo instrumentado hasta ahora y en oposición a la equivocada aproximación oficial. El manejo económico ya venía mal, en su acometida y en sus resultados. Y ello, por problemas de enfoque y manejo.

En lo inmediato, como temas políticos nacionales ligados a lo económico, está abierta la posibilidad de una discusión sobre: 1º) la sumisa e irresponsable posición del directorio del BCV y el irresponsable y fraudulento (aunque legal) manejo oficial de las reservas internacionales y los fondos parapresupuestarios (Fonden, etc.); 2º)  la carga de la crisis sobre los más desasistidos (medidas de control de divisas a ciudadanos, frente a la inmensa corrupción de Cadivi en la asignación al sector productivo, crisis hospitalaria, etc.) y 3º) las perspectivas de desbordamiento inflacionario y los riesgos que representa sobre la banca y los ahorros de todos.

La agenda económica alternativa al régimen está en la calle. Falta que sea apropiada por la amplia sociedad nacional.