El crecimiento de los países latinoamericanos en las ultimas décadas ha sido lamentable, mientras que China experimentó, entre 1980 y 2000 un crecimiento promedio per cápita del  8,5%, en América Latina disminuyó  un 0,7% en la década de los ochenta, y sólo subió un  1,5 % en los 90. Por si esto fuese poco, la región continúa siendo una de las más desiguales del globo.

No sorprende que, mientras China logra reducir la pobreza un 42%, en Latinoamérica se hayan producido avances poco significativos. Y, si bien el crecimiento es la clave para reducir la pobreza, ésta dificulta alcanzar tasas de crecimiento ideales y sostenidas.

Así, se estima que al reducir el nivel de pobreza en un 10%, el crecimiento económico puede aumentar un 1% y la inversión hasta un 5% del PIB, o sea, reducir la pobreza constituye, sin lugar a dudas, un buen negocio para toda la sociedad.

Como los pobres no acceden a créditos ni a seguros, una parte de la población no puede efectuar inversiones potencialmente rentables para la economía de un país, es más, resulta dificultoso atraer inversiones en las regiones con escasa infraestructura y bajos grados de educación, ya que los hogares pobres no invierten lo suficiente en la educación de sus hijos y la sociedad se ve privada de la contribución potencial de un buen número de talentos. Personas con mala nutrición y vulnerable salud aprenden y producen menos que aquellas que tienen acceso a servicios de educación y salud de calidad. En síntesis, en países con alta pobreza la sociedad como un todo se priva del concurso productivo de muchos de sus miembros y, realmente, lo siente en carne propia.

Por esto, la estrategia más eficiente para crecer y desarraigar la pobreza en la mayoría de los países de la región es una combinación de políticas que soporten la aceleración del crecimiento económico, con programas orientados directamente a reducir la pobreza y la desigualdad.

Podemos fijar, como mínimo, cuatro metas: en educación, lograr cobertura en el periodo  preescolar, primario y secundario -destacar que América Latina está perdiendo oportunidades de competencia y crecimiento por la baja formación que la mayoría de niños y jóvenes reciben en el ámbito educacional-; en salud, ampliar la cobertura de los hospitales públicos, así como de servicios públicos, a sectores marginales, como agua potable, y saneamiento; inserción, profundizar el acceso de la microempresa y los sectores más pobres al sistema financiero, y en empleo, facilitar su creación, su crecimiento y generación en estrecha relación con empresas más dinámicas -grandes y pequeñas-.

Las dos primeras metas exigen de los gobiernos que hagan más eficiente el gasto público destinado a estos propósitos y que deriven más recursos hacia objetivos como el de ayudar a las familias pobres a mantener a sus hijos en las escuelas.

En cuanto a las dos últimas metas, exigen ante todo mejoras legales y reglamentarias que faciliten la prestación de servicios financieros y reduzcan costos innecesarios para las empresas, a efectos de que el empleo sea de más fácil acceso.