No estamos de acuerdo con la reducción de lo político a lo electoral. Ni en condiciones institucionales y políticas normales de democracia, puede uno darse el lujo de apartarse de la ingeniería social y política dirigida al trabajo de construcción republicana: la búsqueda de acuerdos formales o informales de amplio espectro, la más conveniente prospectiva de progreso, la educación ciudadana, la organización social, el ejercicio de gobernabilidad, la atención seria de lo social, etc. En la Venezuela actual, mucho menos.
Nuestro país no vive condiciones institucionales normales. No puede serlo en un régimen cuyo “paradigma” es la oprobiosa dictadura cubana. La reducción electoralista no es ni posible ni conveniente en nuestra situación. El reto es enteramente político. No es posible, porque haría depender la acción política de un cronograma y unas condiciones completamente controladas por el régimen, en su avieso esquema institucional, en el cual los poderes se subordinan al propósito y la agenda gubernamental.
Eso define una desventaja de partida de los sectores democráticos. No es conveniente, en primer lugar, porque el pragmatismo de algunos de nuestros cultores “partidistas”, diferiría un proceso de creación de valor absolutamente necesario: la definitiva recuperación, con plena beligerancia, de los diversos grupos interesados en el hecho electoral mismo. No podemos seguir desperdiciando o tratando como intrusos (lo he observado más de una vez) al caudal de aportes de los grupos informales, organizaciones y otras voluntades celosas de la transparencia del hecho electoral, como el caso de Súmate. En segundo lugar, -el argumento más importante- porque no podríamos, con la debida organización y funcionamiento, asumir cada evento electoral fundamentalmente para ocuparnos de infundir de política todos los afanes de la sociedad democrática y progresista. El esquema político que tenemos en mente responde, por lo demás, a la situación de profundo daño estructural de la sociedad venezolana, resultante de la tragedia chavista.
No hay otra solución responsable al problema venezolano que un acuerdo de largo aliento de los sectores democráticos, basado en un programa de acción a diversos plazos y un pacto formal. Esto lo contrastamos con lo peor que puede hacerse y sobre cuya inconveniencia alertaremos, si es el caso: limitarse, como ha venido sucediendo, a alianzas electorales circunstanciales, con sus confites correspondientes, que termina beneficiando intrascendentemente a los nombres partidistas conocidos, lamentablemente devaluados en el sentir de la sociedad y dentro de cuyo seno hay actuaciones que usualmente no trascienden el interés por la meta corta de los puestos de elección.
De igual forma, por la dedicación al exclusivo interés electoral, no trabajar intensamente en las exigencias de profundidad de una épica como la necesaria: el proyecto de país exitoso, el capital social necesario a la estabilidad y la dotación de la gobernabilidad democrática apropiada a la reconstrucción y relanzamiento de los fines de progreso y tranquilidad del país. Recuerden que el sistema democrático, de progreso y de libertades de la nación venezolana perdió su rumbo alguna vez a finales de los ‘60, o en cualquier otro momento posterior y aún no ha cuajado su recuperación.
En la sociedad civil; individualidades, ONG’s y sectores informales, -sin rechazo a los partidos- estamos en el trabajo duro -e incierto- de resolver la forma de definir una dirección política, una organización amplia y una actuación política, acompañadas de una propuesta de país que emocione a todos, chavistas y no chavistas. No se trata sólo de ganar unas concejalías, juntas parroquiales, escaños de la Asamblea Nacional, o de sólo llegar al gobierno, sino de gobernar bien y garantizarlo por siempre.
