El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha promulgado una ley que convoca para el 10 de agosto al referéndum que ratificará o revocará su propio mandato, el de su vice y el de nueve gobernantes regionales, seis de ellos de la oposición. Morales, elegido en 2005 con casi el 54% de los votos, anunció sorpresivamente el jueves pasado que sometería su mandato a un referéndum, en un intento por sacar a Bolivia de la grave crisis política que vive desde hace meses, accción considerada de  una  extrema  jugada política, que lo lleva, inexorablemente a una definición por demás concluyente con sólo dos posibilidades. Es la primera vez que el país celebrará un acontecimiento de estas características por lo cual podemos considerarlo como un hito histórico.

Así, el presidente boliviano solicitó al vicepresidente Álvaro García Linera acelerar la aprobación de la ley que faculta el voto de ciudadanos bolivianos residentes en el exterior, para que estos puedan también decidir sobre el futuro de las autoridades nacionales y departamentales en el referéndum revocatorio.

El primer mandatario efectuó el  pedido, en ocasión de la promulgación de la Ley 3850 de Revocatoria de Mandato Popular para el presidente, vicepresidente y ocho de los nueve prefectos de departamento y la convocatoria a la consulta.

"No tengo miedo al pueblo: que diga su verdad y nos juzgue", subrayó Morales tras promulgar la ley, cuatro días después de que el Senado de Bolivia hubiera decidido de forma sorpresiva aprobarla, rescatando una iniciativa que partió del propio gobernante en diciembre último.

Fue Morales quien envió al Congreso Nacional a fines de 2007 el proyecto de ley para celebrar un revocatorio, cuando el país vivía una conflictiva situación vinculada con el proceso constituyente. La Cámara de Diputados aprobó la norma en enero y pasó al Senado, controlado por la oposición, donde quedó paralizada varios meses. Esta decisión de Morales, no se la considera, hasta el momento, como un salto al vacío, ya que  el mandatario confía en los más de 50 puntos de aprobación que le adjudican hoy las encuestas.

El referendo revocatorio da un nuevo golpe de timón a la compleja crisis boliviana, marcada en los últimos meses por el enfrentamiento entre los defensores de la refundación política a través de una reforma constitucional que impulsa Morales y los impulsores de procesos autonómicos que han iniciado la región de la media luna, sin duda la más rica del país del altilplano.

El jefe de Estado aimara aceptó "con satisfacción" someterse a una consulta que se celebrará prácticamente en la mitad de su mandato y con un "récord" de permanencia en el sillón presidencial, si se compara con sus cuatro antecesores inmediatos, situación reconocida que por supuesto le ha dado fuertes impulsos a sus  objetivos.

Rápido de reflejos, Morales, pidió al Congreso Nacional apoyar la promulgación de una nueva Ley de referéndum revocatorio municipal, con el propósito de poner fin a las disputas de censura y límites territoriales. Según el mandatario, del 100% de los conflictos en Bolivia, el 70% provienen de los municipios, donde los comunarios al no encontrar solución a sus demandas, bloquean los caminos en perjuicio de la actividad económica y la población.


Si los bolivianos deciden revocar los mandatos del presidente y el vicepresidente, Morales deberá convocar elecciones generales en un plazo de tres a seis meses. En ese caso, Morales no podrá ser candidato porque la Constitución vigente prohíbe que un mandatario participe en dos elecciones seguidas.

En tanto, si son los prefectos quienes no salen ratificados, cesarán en sus cargos y el jefe de Estado designaría a un gobernador en funciones y tendrían que celebrarse comicios departamentales, no caben dudas que esta ley está prefabricada a la medidad del actual presidente, que juega todo a ganador.

Los prefectos serán revocados de su mandato si el "no" supera 37,9% más un voto en el caso de La Paz; 48% más un voto en Pando; 44,6% más un voto en Beni; 47,8% más un voto en Santa Cruz; 40,9% más un voto en Oruro; 40,9% en Potosí; 45,6% más un voto en Tarija; y 47,6% más un voto en Cochabamba.

Mientras, el Gobierno reiteró la oferta de diálogo con los líderes regionales para buscar soluciones a la crítica situación política del país. Santa Cruz aprobó el 4 de mayo un estatuto autonómico que el Gobierno considera ilegal y separatista y otras tres tienen previsto hacer lo mismo en sendas consultas programadas para junio.

El presidente volvió a insistir en la necesidad de diálogo para asegurar la unidad nacional y garantizar un proceso autonómico basado en la legalidad y que contribuya a resolver las diferencias económicas entre departamentos.

Sería por demás oportuno que tanto Gobierno como oposición, depongan apetencias personales, dejen de lado divisiones traumáticas, y concerten de una buena vez, ni más ni menos que por el bien de Bolivia, lo que no es poco, sentido común, señores.