Exponíamos en artículo anterior nuestro planteamiento para la gestión del desarrollo: una política pública integral, útil a fines económicos y sociales, que se concreta y potencia a través de la inteligente penetración de la acción micro, con base en una focal coordinación institucional, dentro de políticas innovadoras, territorialmente concretadas local y regionalmente.

Es una nueva formulación de la política pública (desarrollo e inclusión como objetivos amarrados), énfasis en la gestión pragmática (más allá de las ideologías, teorías o políticas), incorporación de las llamadas “partes interesadas” (lo que llamamos el “Ménage à Quatre”: convenios intergubernamentales, empresas, universidades y vecinos, en proyectos concretos) y definición de nuevas formas de organización y gestión (agencias locales o regionales) en casos localizados de lo que llamamos “aglomeraciones territoriales competitivas” (ATC): distritos industriales, clusters, polos, complejos, hubs u otros.

Se trata de lo territorial como columna principal de apoyo de la acción de gobierno y de la política de desarrollo e inclusión social, de fines macroeconómicos, con base en la convicción sobre la superioridad de las acciones dirigidas a las ATC respecto a la acción global o sectorial convencional en lo relativo a la optimización de resultados económicos y sociales (PIB, competitividad, exportaciones, empleo, distribución del ingreso, inserción, etc.).

“El Nuevo Modo” tiene muchas aristas, de las cuales, además de las incluidas en libro por publicar, hemos desarrollado con mayor avance fundamentalmente lo relativo a la agencia de gestión para el desarrollo y la inclusión, así como su uso a fines sociales (distribución, inclusión y pobreza).

En el plano conceptual, hemos podido dilucidar un aspecto fundamental: los casos de ATC de bajo desempeño optimizador, o el diseño profesional del conjunto óptimo de actividades necesarias de cada una, son resolubles por la vía microeconómica de la organización y la gestión de una agencia que aborde el manejo de las fallas de mercado y de Estado presentes en cada caso y las tareas de diseño de la aglomeración.

En lo específico a lo social, postulamos que sus fallas, en tanto ‘fallas económicas', deben ser resolubles desde el momento de diseño de la política pública integral y no luego de producir sus efectos indeseados. El asunto se remite, entonces, al momento del diseño político y normativo global.

Como asunto de política, requiere la creación de condiciones y el marco promotor, pero también expedientes microeconómicos relevantes, más allá de los incentivos: la superación de fallas de coordinación entre agentes y su optimización por la vía de iniciativas en las ATC.

Contextualizada, conceptuada y manejada así, la inclusión deja de ser un tema sectorial de la política social y pasa a ser un efecto virtuoso de la política pública toda.

Las políticas y la gestión focalizadas a la acción territorial dinámica, con base en formas organizativas y de gestión integradoras garantizan, entonces, logros en el plano de la competitividad, pero también relativas a la inclusión. En sentido contrario, reafirman nuestro viejo aserto de que no hay mejor política social que una óptima política económica.