Es probable que Evo Morales no supusiera, ni por un minuto, lo complicada que iba a tornarse su ausencia mientras estaba en Cuba, asistiendo a la Cumbre de Países No Alineados. En La Paz, su ministro de mayor y estricta confianza y uno de los ideólogos de su Gobierno, Andrés Soliz Rada, titular de la cartera de Hidrocarburos, renunciaba a su cargo tiñendo de incógnitas el proceso de nacionalización, la principal bandera de su gestión.

La prensa boliviana adjudica  su renuncia a las presiones de la petrolera estatal brasileña, Petrobras, la principal perjudicada por los efectos de la nacionalización de gas y petróleo, con la que el ahora ex ministro estaba duramente enfrentado.

Así, el presidente acaba de afrontar las semanas más conflictivas desde su llegada al Gobierno hace más de ocho meses.

A la polarización del debate político en la Asamblea Constituyente se sumaron ya, varios paros por reivindicaciones gremiales y, por si fuese poco, la demostración de fuerza realizada por la oposición en las regiones más ricas del país, asentadas en Santa Cruz de la Sierra y Tarija.
 
Evo no desconoce, sin dudas, las dinámicas del conflicto, ya que nace y se forja en ellas como dirigente social y líder político, sin embargo, ahora, desde el otro lado del mostrador, debe enfrentarlas como gobernante, y ello implica capacidad para contemporizar las demostraciones que le plantean y reivindican.

Lo más importante es desarrollar la capacidad para conciliar intereses y alcanzar acuerdos que le permitan llevar adelante su gestión. Y en segundo lugar, debe garantizar que la Asamblea Constituyente siga con su tarea en Sucre sin obstruir, ni oscurecer el funcionamiento del resto de las instituciones.

Uno de los nudos del conflicto político a desmarañar es la interpretación sobre cuál es la mayoría necesaria para aprobar las decisiones de la Asamblea. Sin embargo, detrás de la inevitable confrontación entre el oficialismo y la oposición existen, vale destacar, divisiones sociales y territoriales más que profundas que se reflejan a diario en las tensiones entre los estados del este, donde se concentra el  44% del PIB, y el resto del país.

Bolivia vive una etapa de fuerte transformación en la que debe definir una nueva Constitución. Sólo podrá acometer esta tarea con éxito sobre la base sustentable de un acuerdo de unidad nacional entre sus sectores políticos y sociales y de consensos entre sus dirigentes más representativos.

La inestabilidad política y una profunda división social han sido males endémicos en el país de Altiplano y sinceramente, su recurrencia afecta negativamente en la región.

Así, tanto el Gobierno como la oposición boliviana deben de lograr mínimos acuerdos que eviten una mayor escalada de confrontación de la que todos los sectores -sin excepción- de la sociedad saldrán perjudicados tarde o temprano.