Votantes populares y de clase media, ya no se entusiasman con la Administración Lula, sin embargo, todavía le dan crédito; no están lo suficientemente fastidiados con él. Lo que sucede es que si la oposición ofreciera una alternativa atractiva, una proporción importante de la misma la votaría.

Probablemente Lula será reelegido en la primera vuelta de las presidenciales, será premiado en las urnas un Gobierno que comenzó con expectativas de transformación social, mantuvo, a contramano, una política económica conservadora y fue afectado seriamente por denuncias de corrupción, con un prolífero esquema de compra de votos parlamentarios incluido.

Nos preguntamos por qué este Gobierno tendría que ser derrotado por esta oposición brasileña, y no encontramos una sola respuesta satisfactoria.

El electorado medio brasileño votó en el año 2002 a Lula, con fuertes expectativas de cambio social. Las demandas eran de por sí modestas: salario real, empleo, estabilidad económica, seguridad, transparencia en la Administración...

Lula prometió la creación de diez millones de empleos y apenas cumplió con la quinta parte, pero mantuvo y consolidó la estabilidad económica -la inflación se redujo de forma espectacular- y frente a promesas de campaña de otros candidatos, el votante sopesa mejorías constantes y sonantes.

La miseria se ha reducido en un 15%, mejoró significativamente el mercado laboral y hubo una reducción de la desigualdad de ingresos, algo muy complicado de lograr en América Latina en estos días. Se debe a los incrementos del salario mínimo y a los programas de transferencia de ingresos, como el programa “Bolsa Familia”, la principal política social del Gobierno, que llega a 11 millones de hogares, así, el nordeste brasileño, ve a un Lula honestísimo –allí tiene 34 millones de electores-. El pasado mes de agosto las intenciones de votos para Lula llegaban al  65% y por Alckmin al 13%.

Además, una parte de los trabajadores organizados y de las clases medias encuentran más beneficios que costos en la política conservadora del Banco Central, ya que las elevadas tasas de interés premian los enormes fondos de pensiones de los trabajadores y los ahorros de las clases pudientes.

En seguridad ciudadana, el saldo es negativo para la Administración Lula. Gran parte del electorado le atribuye, con total razón, las responsabilidades a los estados y, de hecho, el conflicto más grave de estos años, la rebelión instrumentada por una organización criminal cuyo centro de coordinación son las cárceles, estalló en Sao Paulo, afectando la imagen del candidato opositor Geraldo Alckmin, quien acababa de dejar la gobernación del estado para ser candidato presidencial.

En los indicadores positivos hay más continuidad que cambio con relación a la Administración Cardoso y varias de las mejoras del presente constituyen la maduración de las políticas iniciadas por aquel.

Sólo bajo ciertas condiciones, los escándalos de corrupción que disparan el colapso de una Presidencia deben conjugarse con otros factores, como una aguda crisis económica, o un juego entre los actores políticos para que se produzca una rebelión representativa, como la acontecida en Argentina en 2002. El brasileño común cree que la corrupción es endémica y no afecta más a este Gobierno que a cualquier otro.

Muchos votantes populares y de clase media están mayormente decepcionados con esta Administración, aunque no enfurecidos con ella. A lo mejor, muchos de ellos votarían a la oposición, si ésta ofreciera una alternativa atractiva, pero hasta el momento, ya sobre el final de la campaña electoral, no ha conseguido marcar una diferencia que la distinga. Paradójicamente, la fuerte continuidad del Gobierno de Lula Da Silva con el de Fernando Henrique Cardoso le ha complicado más el terreno a la actual oposición, que al propio presidente.