Ahondando aún más su encuadramiento, apuntalando el eje del Socialismo del Siglo XXI, proclamado y abanderado de las administraciones de Chávez, Correa y Morales, el Gobierno argentino da claras señales de seguir, en cuanto a el control de los medios, a transitar idéntico camino que aquellos.
La Administración Kirchner propone un proyecto de ley con el que muestra la intención de impedir la concentración excesiva de medios, sin embargo analizando a fondo los puntos significativos del proyecto da como resultado que su intención es la de un ataque frontal a la radiodifusión privada independiente y el avance desmedido de un sistema estatal, el que conlleva a una función deliberadamente propagandística ajena a toda autonomía política. De promulgarse la ley daría como regresivo resultado el cercenamiento en el ejercicio ciudadano de derecho constitucional, consagrados universalmente como el libre acceso a la información y la libertad de expresión.
Las cadenas de radios privadas quedan limitadas al 30 por ciento de la programación diaria, fuera del horario central y con la prohibición expresa de incluir publicidad ajena a la que comercialice la estación local. Se restringe la libre circulación en todo el territorio nacional de una programación independiente, y se mina la sustentabilidad económica de las cadenas o redes privadas permanentes, las que a través del ahogo financiero premeditado por el Estado las haría desaparecer, ya que el objetivo del Estado es por demás hegemónico. Por el contrario, las emisoras estatales no tendrán límites para difundir programaciones en cadena.
El argumento estandarte del Gobierno de la limitación del espectro radioeléctrico es inadmisible, ya que en cualquier localización un usuario puede sintonizar en su receptor más de cuarenta estaciones. Un radiodifusor puede explotar hasta diez licencias, siempre que su cobertura no supere el 35 por ciento de la población. Como el Distrito Federal reúne al 32 por ciento, las radios del interior no podrán tener emisoras en Buenos Aires, y viceversa.
Si analizamos más a fondo este dislate nos direcciona a que la desarticulación de las cadenas de radio privadas quiebra su importante rol integrador de las distintas regiones tanto en lo geográfico, como, lo más preocupante, en lo cultural del país, además el 50 por ciento de la música emitida deberá originarse en producciones independientes, cuyos valores artísticos e inserción en el acerbo popular son aunque menos un signo de interrogación. Los radiodifusores deberán comprar sus derechos, además de seguir abonando las tasas correspondientes por derechos autorales.
La radiodifusión privada perderá a los grandes anunciantes, quienes tendrán en las emisoras estatales la única alternativa de cobertura de gran alcance. Con lo cual se empujará a una verdadera "estatización" de un segmento importante de la publicidad. Se atenta también contra la formación de empresas de radiodifusión sólidas, actualizadas tecnológicamente, estables y con potencialidad de crecimiento.
El proyecto que ya ha comenzado a tratarse en la Cámara de Diputados desalienta la inversión porque somete la única prórroga de plazo al dictamen de una Audiencia Pública -susceptible de ser quebrada por la política o la competencia desleal-, obliga a liquidar la empresa al cesar la licencia.
Como contraposición, el Estado dispondrá de una porción de licencias sustancialmente superior a la actual, amplio espacio decisorio en la futura Autoridad de Aplicación -con mayoría oficialista- y poderosas herramientas de control. Se vislumbra un escenario de atomización y atraso tecnológico de la radiodifusión privada y altamente propicio para la censura, el ordenamiento vertical y la manipulación desde el poder político.
En estos días, repasando el Siglo XX, al llegar a 1913, redescubrí el decálogo de Lenin,estimo que varios presidentes de la región no sólo lo descubrieron, sino que para mal de sus pueblos, lo están aplicando.
