A partir del 1 de julio de 2007, los 6,4 millones de ciudadanos que viven en el Estado de Massachussetts tendrán que tener contratado un seguro médico. Sea cual sea su renta disponible. Aunque el dinero público acudirá en ayuda de los menos pudientes.

Este es el resumen aproximado de la proposición de ley aprobada unánimente por los parlamentarios locales, republicanos y demócratas, y que se convertirá inmediatamente en norma con el apoyo decidido de Mitt Rommey, el gobernador republicano del Estado.

De esa manera la clase política local espera resolver a la mayor brevedad posible el problema social que empieza a suponer al 10% de la población que carece por completo de cualquier cobertura sanitaria. Y lo hacen, según las declaraciones de satisfacción de todos los impulsores del proyecto, sin temor al posible impacto del efecto llamada. El esquema propuesto supone una semiprivatización controlada por la administración. El estado pagará a las aseguradoras lo necesario para que los ciudadanos sin recursos contraten el seguro y obligará a estas empresas a facilitar las pólizas.

Penalización. También forzará a las empresas con menos de 10 trabajadores que no proporcionen cobertura sanitaria a sus empleados a pagar una multa anual de 295 dólares por empleado. Además, los ciudadanos cuyos ingresos sean suficientes para disponer de seguro y no lo haya contratado serán sancionados con una penalización fiscal igual al coste total del dinero que no han utilizado para pagarse el médico. Si las expectativas se cumplen, Massahusetts será el primer Estado de EEUU con cobertura sanitaria universal.

Según Towers & Perrin, el próximo ejercicio, en 2006 se completará un lustro negro para las compañías estadounidenses que han sufrido un incremento del 64% en los pagos de las coberturas sanitarias en ese periodo. Aunque sus empleados incluso lo habrían pasado peor y pagarán a finales del año un 78% más que en 2001.

Criticas. Según un estudio de Buck Consultants, el 86% de los responsables de las compañías de EEUU considera que el aumento de los costes sanitarios es la mayor amenaza que se cierne sobre sus beneficios. Desde la Fundación para una Cobertura Sanitaria Universal, se dice que estos aumentos en los costes empresariales son otra muestra de la ineficiencia del sistema.

Un país donde 45 millones de personas, el 15,2% de la población total, carece de atención médica pública o privada, a pesar de que el esfuerzo nacional conjunto que se realiza entre administraciones, compañías y familias supone un importe anual de 1,8 billones de dólares (1,5 billones de euros), un 15,3% del PIB. Un gasto muy superior, según los datos de la OCDE, al 9,7% del PIB que de promedio gastan las naciones europeas industrializadas.