Después de la polémica que ha suscitado en Ecuador la reforma de la Ley de Hidrocarburos, el Ejecutivo ha anunciado que vetará algunos puntos para suavizarla, como el referente al reparto de beneficios entre Estado y petroleras extranjeras. Así, se pretenden distribuir las ganancias petroleras con un porcentaje del 60% a favor de las arcas estatales y un 40% para las compañías privadas. Si se aprobara, el Estado recibiría unos 409 millones de dólares (335,7 millones de euros) adicionales entre los meses de abril y diciembre.

El Ejecutivo busca equilibrar con este reparto las ganancias extraordinarias, que se derivan de los altos precios del crudo en los mercados internacionales, entre las petroleras grandes y las pequeñas. Palacio tiene de plazo hasta el domingo para decidir si veta o no finalmente éste y otros puntos conflictivos de la nueva Ley. Enrique Proaño, secretario de Estado, ha dejado entrever que la Administración del presidente Alfredo Palacio insistirá en que la distribución sea finalmente de un 50%-50% para que haya más equidad y equilibrio entre las partes.

Diego Borja, ministro ecuatoriano de Economía, ha pedido al jefe de Estado que no vete las reformas de la ley, porque éstas se basan en un principio de equidad debido a que los precios del crudo en los últimos años han experimentado un crecimiento vertiginoso. De los 15 dólares (12,31 euros) por barril en la década de los noventa se ha pasado a 67 dólares (55,42 euros) en 2006.

Borja recordó que, en los contratos originales (suscritos en la década de los noventa), el reparto de beneficios estaba dirigido, en su mayor parte, a las compañías extranjeras (67%). El ministro recordó que entre 2003 y 2005 el Estado dejó de percibir 731 millones de dólares (603 millones de euros) en concepto de beneficios no esperados de las operadoras petroleras, que tenían como referencia un precio de 39 dólares (32,19 euros) por cada barril, mientras el precio de referencia para el Estado, y por tanto el de sus ingresos, era de 15 dólares.

El Parlamento envió la semana pasada al Ejecutivo la reforma de la ley, muy importante para Ecuador, ya que el petróleo es su principal producto de exportación y el dinero derivado de sus ventas en los mercados internacionales financia alrededor del 35% del presupuesto del Estado.

Las petroleras más afectadas son la estadounidense Occidental Petroleum y la hispano-argentina Repsol YPF, ya que son las dos operadoras extranjeras con mayor presencia en Ecuador. En caso de que finalmente se aprobase la nueva ley, deberían de pagar al Estado ecuatoriano un total de 300 millones de dólares (250 millones de euros).

En Ecuador operan 15 empresas petroleras internacionales. Las más importantes son la hispano-argentina Repsol-YPF, la italiana Agip, el consorcio Andes, liderado por la china CNPC, la estadounidense Occidental Petroleum (Oxy) y la francesa Perenco. El petróleo representa alrededor del 40% del total de las exportaciones del país y su venta financia el 43% del presupuesto fiscal. El país produce unos 535.000 barriles de petróleo diarios y exporta alrededor de 455.000 barriles, sumando las ventas de la empresa estatal Petroecuador y las compañías privadas.

Mientras Palacio se decide o no a vetar algunos puntos del proyecto de ley, Ecuador ha registrado en lo que va de 2006 el mejor resultado de su historia en cuanto a ingresos por venta de petróleo, a pesar de las paralizaciones producidas por los trabajadores subcontratados de Petroproducción, en la provincia de Sucumbíos, que protestan para regularizar su situación laboral. En este periodo, los ingresos ya superan lo facturado en 2005, al alcanzar los 80 millones de dólares (66,18 millones de euros). El año pasado las ventas fueron de 71 millones de dólares (58,73 millones de euros).

Según los datos aportados por la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador, a lo largo de los primeros tres meses del presente año, la petrolera estatal exportó 540 millones de barriles de petróleo a China, un mercado que reclama cada vez más cantidad de crudo.

En enero, Petroecuador exportó 5,6 millones de barriles con un precio promedio de 47,86 dólares (39,89 euros) por barril e ingresó un total de 270 millones de dólares (223,3 millones de euros). En febrero, las ventas superaron los 6 millones de barriles (con un precio de 46,32 dólares (38,31 euros) cada uno), que generaron 279,6 millones de dólares (231,3 millones de euros). Durante el mes de marzo, el precio promedio de cada barril ascendió a 48 dólares (39,7 euros), pero esta vez se exportaron únicamente 43,8 millones de barriles. A pesar de ello, se recaudaron 232,4 millones de dólares (192,26 millones de euros).

Y además de la polémica, al menos tres empresas petroleras procedentes de China, Rusia y América Latina están interesadas en invertir en el sector de hidrocarburos del país, según ha comentado el ministro de Energía de Ecuador, Iván Rodríguez. Sólo se conoce el nombre de Petrobras, que quiere ampliar sus inversiones como operadora petrolífera en Ecuador.

Esta reforma de la Ley de Hidrocarburos, según informaciones publicadas en el país, ha causado también malestar tanto a los empresarios ecuatorianos como a la delegación estadounidense que negocia un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Ecuador y podría haber afectado a la postura de Washington en las conversaciones. Éstas se han suspendido hasta el próximo 24 de abril, cuando se retomarán para finiquitar los temas más conflictivos, como el de la agricultura, que han quedado pendientes.

Manuel Chiriboga, jefe del equipo negociador del TLC con EEUU, ha asegurado que en el periodo de negociación que acaba de finalizar se han producido avances significativos dentro de los diferentes puntos tratados. Pero aún no se ha llegado a un acuerdo en el tema que está poniendo más problemas, la agricultura, del que queda más del 90% por concluir.

El Gobierno de Ecuador tiene otro problema añadido, muy relacionado con la firma del TLC, ya que el Congreso denunció el martes la ilegalidad del estado de emergencia declarado el pasado 22 de marzo en cinco provincias del país para hacer frente a las protestas de la comunidad india contra la firma del acuerdo con EEUU. Según manifestó el Congreso, el Ejecutivo no notificó el establecimiento de esta medida, un requisito establecido por la Constitución ecuatoriana.

Enrique Proaño, secretario de Estado del país andino, señaló a Americaeconomica.com que el estado de emergencia en Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo y Cañar estará vigente mientras continúe la conflictividad social, y recordó que con dicha medida siguen restringidas la libre circulación, las reuniones y las marchas, "aunque sean pacíficas".

A pesar de ello, la comunidad india de Ecuador continúa con las movilizaciones que comenzaron hace casi un mes en protesta por la firma del TLC y por el conflicto que ha suscitado el contrato del Estado ecuatoriano con la petrolera estadounidense Oxy. Esta compañía mantiene actualmente un pleito con el Estado al ser acusada de ceder sin autorización el 40% de sus acciones en Ecuador a la canadiense Encana, por lo que la Procuraduría y la compañía estatal Petroecuador han solicitado la caducidad del contrato. Oxy explota 115.000 de los 532.000 barriles diarios que produce el país.