El plazo de 90 días que la comunidad india de Bolivia dio a Evo Morales para que hiciera realidad las promesas con las que llegó al poder ha concluido. El resultado, según ha podido saber Americaeconomica.com, no cumple con las expectativas que este sector había puesto en el líder cocalero, quien aseguró a este colectivo, entre otros asuntos, una representación privilegiada en la nueva Asamblea Constituyente sin pasar por las urnas. El descontento podría ser el inicio para que las agrupaciones autóctonas se subleven contra el Gobierno de Morales.

Así lo ha asegurado el presidente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Felipe Quispe, un antiguo amigo de Evo Morales. Con su amenaza, mantiene el ultimátum que el pasado mes de febrero, en declaraciones a este diario, hizo al presidente de Bolivia para que antes de terminar el mes de marzo convocase una Asamblea Constituyente y nacionalizase los hidrocarburos. Ahora, Quispe considera que Morales "no ha hecho nada" y que no pueden permitir que "un indio mentiroso esté en el poder", por lo que a finales de abril el gremio celebrará una reunión para decidir la estrategia a seguir.

Quispe ya tiene experiencia en derrocar presidentes. El responsable de la Csutcb capitaneó las protestas y bloqueos que forzaron la renuncia de Sanchez de Lozada y de Carlos Mesa, y en las que también participo el actual mandatario boliviano. El líder indio declaró a este diario que está dispuesto a utilizar esta misma técnica en el caso de que el nuevo Ejecutivo defraude al pueblo boliviano.

No obstante, tanto la Constituyente como el tema de los hidrocarburos se han convertido en una prioridad para Morales durante las últimas semanas. El pasado martes concluyó el plazo para que los diferentes partidos de Bolivia presentasen sus candidatos ante la Corte Nacional Electoral (CNE), de cara a las elecciones del próximo 2 de julio. Unos comicios en los que se decidirá la composición de los 255 escaños del nuevo órgano legislativo, que entrará en funcionamiento a principios del mes de agosto. Las autoridades electorales confirmaron la inscripción de 10 de los 17 partidos que estaban autorizados a participar a escala nacional, entre los que destaca el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), que se perfila como favorito, Poder Democrático y Social (Podemos), y Frente de Unidad Nacional (UN).

Uno de los grandes ausentes en estas elecciones es precisamente el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), partido que también lidera Felipe Quispe. La agrupación no podrá participar en los comicios debido a que en las últimas legislativas no alcanzó el 3% de los votos necesarios para poder tener representación parlamentaria. El responsable campesino ya había manifestado sentirse en contra de esta ley de la Constituyente y, si bien reconoció que es muy díficil de cambiar, evalúa recoger firmas y presentarlas al Congreso para exigir la modificación de la convocatoria a la cita del 2 de julio.

Estas opiniones son respaldadas también por la responsable de Apoyo para el Campesino Indígena del Oriente Boliviano (Apcob), Mónica Rojas, quien en declaraciones a Americaeconomica.com, reconoció que la comunidad india "se siente mal", porque esperaba que el Gobierno central aplicase "otro tipo de medidas". La líder de la agrupación indicó además que las agrupaciones autóctonas que apoyaban a Morales son las que "más decepcionadas están" y no descartó la posibilidad de que realizasen reinvindicaciones proximamente.

Rojas explicó a este diario que el presidente de Bolivia había asegurado al sector indio "ciertos privilegios" en la Asamblea Constituyente, es decir, que tuviesen una representación garantizada en este órgano legislativo sin necesidad de ser elegidos mediante elecciones. Los descontentos, según la responsable de Apcob, "se pueden ir sumando", ya que Morales aseguró a las agrupaciones indias más autodeterminación y no han visto satisfechas sus demandas.

Nacionalización. Felipe Quispe también confesó a este diario que en Csutcb esperan a que el mandatario boliviano haga efectiva la nacionalización de hidrocarburos. En este sentido, el líder de los campesinos valoró las afirmaciones respecto a esta medida había realizado Morales en días pasados, pero no se mostró muy convencido: "ya veremos qué pasa", precisó Quispe.

Mientras, desde la Administración de Bolivia se ha vuelto a reiterar que el próximo 15 de abril se nacioalizarán los hidrocarburos. Así se lo recordó el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, al presidente de Andina, la filial del Repsol en el país, Luis García Sánchez. La decisión no ha gustado a varias petroleras multinacionales que mantienen su intención de acudir a arbitrajes internacionales. No es el caso de la petrolera hispano-argentina, que acatará las nuevas reglas del Estado sin replica, según manifestaron sus ejecutivos a la prensa internacional.

Ésta es precisamente una las principales peticiones del secretario general de la Confederación Obrera de Bolivia (COB), Luis Solares, quien explicó a este diario que, en su opinión, la nacionalización implica declarar los contratos suscritos con las petroleras internacionales nulos de pleno derecho sin darles ninguna indemnización. Según Solares, el proceso constituyente debe inciarse una vez que se hayan roto todos los vínculos entre el Estado boliviano y las empresas internacionales. Si las relaciones persisten, los intereses de las compañías podrian intervenir en la nueva definición política del país.

El secretario general de la COB también amenazó a Morales con intentar derrocarle si no cumple con sus promesas de realizar cambios en el sistema económico neoliberal desde la democracia.

Primeras movilizaciones. De momento, el presidente de Bolivia ya se enfrenta a las primeras movilizaciones de su mandato. La Confederación de Transportistas del país convocó el pasado martes un paro de 24 horas para protestar contra un nuevo impuesto. Fuentes del sindicato anunciaron a Americaeconomica.com que habrá nuevas protestas a escala nacional una vez que sus integrantes hayan defindo un programa de actuación. No se descarta el inicio de una huelga indefinida.

La Administración boliviana obligará, a partir del próximo mes de mayo, a las empresas propietarias de autobuses a emitir facturas, una medida que supone un nuevo impuesto para este sector. La ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, explicó que con esta ley se busca demostrar que los propietarios de transportes invierten entre 70.000 y 199.000 dólares (57.465 y 166.366 euros) en la adquisición de vehículos y que, a pesar de las fuertes inversiones, sólo tributan al Estado 1.944 dólares (1.595 euros) aproximadamente.

El líder sindical, José Luis Cardozo, ha advertido que si el Gobierno no se muestra partidario de iniciar negociaciones, la Confederación podría realizar nuevas acciones de protesta. Las respuestas a estas amenazas de Muñoz han sido tajantes: las movilizaciones serán una declaración de guerra al Gobierno y al estado de derecho.