Washington se ha enfrentado esta semana a una de las mayores manifestaciones de su historia. Millones de inmigrantes latinoamericanos, respaldados por la Iglesia y varios sindicatos de EEUU, han salido a las calles de este país norteamericano para protestar contra la polémica reforma migratoria que se debate en el Senado, actualmente en descanso por las vacaciones de Pascua. Los organizadores de la marcha advierten sobre la posibilidad de convocar nuevas protestas que, según algunos expertos, podrían convertirse en el nacimiento de una nueva fuerza política.

Ciudades de este país norteamericano como Atlanta, Washington, Calorina del Norte y Los Ángeles se han convertido en los principales focos de la movilización, en la que las comunidades hispanas exigen una medida que les abra las puertas para solicitar la residencia indefenida en EEUU. El texto, que ya fue aprobado en la Cámara de Reperesentantes el pasado mes de diciembre, contempla la criminalización de los hombres y mujeres ilegales que vivan en el país norteamericano, un planteamiento que criticado por los distintos gobiernos del subcontinente.

Si bien no hay que lamentar altercados graves durante las movilizaciones, la Administración azteca ha calificado de inaceptable que un grupo de doce estadounidenses en Tucson (Arizona), identificados como miembros de los Guardianes de la Frontera, quemaran una bandera de México frente al consulado de este país, mientras llevaban un cartel en el que se leía, “Defendiendo la soberanía de EEUU”. En este sentido, la vicecanciller mexicana, Lourdes Flores, en declaraciones a la prensa internacional, señaló que las manifestaciones se deben realizar respetando el marco legal, a las autoridades, a la diversidad cultural y a los símbolos patrios. La marcha se convoco después de que el pasado viernes, senadores republicanos y demócratas bloquearan en el Senado la votación sobre la ley de inmigración. Sólo 36 legisladores se mostraron a favor de concluir el debate frente a 62 que se manifestaron en contra.

Boicot. A la espera de que se reanuden las discusiones sobre la polémica reforma migratoria tras las vacaciones de Semana Santa, las comunidades hispanas han lanzado una nueva amenaza: realizarán un boicot el próximo 1 de mayo a empresas del país norteamericano que respaldan medidas anti-inmigrantes si, finalmente, la Cámara Alta no aprueba un programa de trabajo temporal para los 12 millones de personas que residen en condiciones ilegales en EEUU.

Esta es la propuesta que se ha lanzado desde Tepeyac, una de las principales organizaciones de inmigrantes en Nueva York, aunque se espera que sea apoyada por varias asociaciones de latinoamericanos. Entre las firmas estadounidenses, destacan Disney, Exxon, Maraton, Tysen o Bacardi, que según los responsables del movimiento, han financiado la campaña política del senador republicano Sensenbrenner, impulsor del proyecto de ley aprobado en el Congreso el pasado mes de diciembre, que penaliza la presencia en el país de indocumentados.

Por su parte, el presidente de la Liga Unida de Ciudadanos Latinoamericanos (Lulac), Hector Flores, en declaraciones a este diario, anunció que se pedirá a los hispanos que viven en EEUU que no vayan a trabajar durante un día para demostrar ante las autoridades estadunidenses la fuerza laboral que representan. Los rerpesentantes de varias organizaciones latinoamericanas se han mostrado optimistas de que finalmente el Senado estadounidense apruebe una ley moderada que les permita disponer de mano de obra.