El ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)
de Colombia Jorge Noguera acudió ante la Fiscalía
para declarar acerca de las acusaciones por enriquecimiento ilícito
(de unos 3,4 millones de euros) y la presunta participación
en crímenes contra civiles que su compañero, el
ex jefe de informática del organismo Rafael García,
hiciera contra él. Una polémica que, según
el presidente Álvaro Uribe, sólo busca desprestigiar
a su Gobierno cuando se acercan las elecciones Presidenciales.
Se trata de una cuestión
que se origina cuando dos publicaciones colombianas, Semana
y Cambio, denunciaron en sus últimas ediciones
que el ex director del Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS), Jorge Noguera, tuvo nexos con escuadrones paramilitares
de ultraderecha y que habría dirigido un fraude electoral.
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien aspira a
ser reelegido en los comicios de mayo, calificó estás
acusaciones de maniobra para desprestigiar a su Gobierno.
El supuesto fraude de Noguera,
quien actualmente es cónsul de Colombia en Milán,
habría significado 300.000 votos favorables a Uribe en
varias poblaciones del norte de Colombia, señalaron los
medios, según Reuters.
Las denuncias contra Noguera se
basan en el testimonio de un ex funcionario del DAS encarcelado
por cargos de corrupción, quien además acusó
al organismo de inteligencia de suministrar a los paramilitares
listas de sindicalistas y defensores de derechos humanos que después
fueron asesinados y de organizar un complot contra el presidente
de Venezuela, Hugo Chávez.
El presidente considera que se
trata de unas acusaciones que sólo buscan "empañar"
la acción de su Gobierno a mes y medio de la elección
presidencial. En su defensa, el mandatario añadió
que no ha ejercido influencias en su papel al frente del Ejecutivo,
ni durante su candidatura, que ha actuado con transparencia tanto
en financiación como en la relación con los electores,
agregó el mandatario.
Uribe fue elegido presidente en
mayo del 2002 con 5,8 millones de votos y superó al candidato
del Partido Liberal, Horacio Serpa, quien alcanzó 3,5 millones
de votos. El aspirante por tercera vez a la presidencia, que se
enfrentará de nuevo a Uribe, señaló que las
denuncias ponen en duda la legitimidad del gobierno.
La organización Human Rights
Watch criticó duramente al presidente de Colombia, Alvaro
Uribe, por la "respuesta ampliamente inadecuada" a las
acusaciones de que el Departamento Administrativo de Seguridad
de Colombia (DAS) ayudó a grupos paramilitares a asesinar
civiles. El organismo considera que el dirigente debería
garantizar una investigación total de los cargos de los
que se acusa a su servicio de inteligencia.
Uribe no debería centrarse
en atacar a los medios de comunicación por informar sobre
las acusaciones de actividad criminal, señaló en
un comunicado la Organización de Derechos Humanos con sede
en Nueva York.
El organismo de Herechos Humanos
indicó que la respuesta evasiva del presidente genera sospechas
acerca de si él realmente desea que se sepa la verdad y
pueda tener un efecto sobre la libertad de expresión.
Después de que la prensa
colombiana hubiera informado de que el servicio de inteligencia
de su Gobierno cooperó con las milicias de extrema derecha,
lo que llevó a Uribe a acusar a varios periodistas de dañar
intencionadamente a la instituciones democráticas del país.
Uribe apuntó a periodistas
y comentaristas políticos, entre ellos Ramiro Bejarano,
un abogado que participó en una comisión convocada
el año pasado para investigar al DAS. Así, según
manifestó Bejarano a Reuters su investigación
demostraba que los paramilitares se han infiltrado en profundidad
en el departamento.
Fue entonces cuando las acusaciones
llegaron a los tribunales y el ex director del DAS, Jorge Noguera,
declaró ante la Fiscalía y negó todas las
acusaciones por corrupción y la presunta participación
en crímenes contra civiles.
Los dos fiscales designados por
el fiscal general, Mario Iguarán, interrogaron al actual
cónsul en Milán para que indicara si recibió,
y en qué circunstancias, un cheque de 10 millones de pesos
(unos 3,4 millones de euros) enviado por la esposa de García.
Este último también se encuentra bajo detención
domiciliaria por corrupción. Noguera siempre alegó
haberse tratado de un préstamo y en su versión de
los hechos ratificó lo dicho, según Europa Press.
Los fiscales le preguntaron acerca
de las acusaciones hechas por García sobre la presunta
participación de miembros del organismo de seguridad en
el suministro a los paramilitares de listas de sindicalistas y
defensores de derechos humanos que después fueron asesinados.
Otro punto que figuró en
el interrogatorio fue la supuesta existencia de una camioneta
del DAS, destinada a la protección del presidente Uribe
en un desplazamiento en la Costa Caribe, que habría terminado
semanas después en manos de un jefe paramilitar.
Noguera negó los cargos
que se le imputan citando declaraciones de otros testigos y presentando
documentos para corroborar lo dicho, según declaró
a la salida de la vista. El cónsul también señaló
que detrás de las acusaciones hay una persona resentida
que está presa y busca beneficios, pero no tiene pruebas
para corroborar lo que ha dicho.
Por otra parte, Noguera reiteró
su decisión de no renunciar al cargo de cónsul en
Milán, y anunció que apenas culminen las diligencias
judiciales retornará a Milán para reanudar sus funciones
de cónsul. Además, aseguró que no descarta
la posibilidad de iniciar acciones legales contra los medios -Cambio
y Semana-que publicaron las denuncias en su contra, unas
imputaciones que, a su parecer, quedarán en tela de juicio.
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