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Año VII - Madrid, viernes 21 de abril de 2006
 
Reportaje
 
El Departamento de Seguridad colombiano protagoniza una polémica criminal
 
Juicio de inteligencia

Lorena Alonso

 

El ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia Jorge Noguera acudió ante la Fiscalía para declarar acerca de las acusaciones por enriquecimiento ilícito (de unos 3,4 millones de euros) y la presunta participación en crímenes contra civiles que su compañero, el ex jefe de informática del organismo Rafael García, hiciera contra él. Una polémica que, según el presidente Álvaro Uribe, sólo busca desprestigiar a su Gobierno cuando se acercan las elecciones Presidenciales.

Se trata de una cuestión que se origina cuando dos publicaciones colombianas, Semana y Cambio, denunciaron en sus últimas ediciones que el ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera, tuvo nexos con escuadrones paramilitares de ultraderecha y que habría dirigido un fraude electoral. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien aspira a ser reelegido en los comicios de mayo, calificó estás acusaciones de maniobra para desprestigiar a su Gobierno.

El supuesto fraude de Noguera, quien actualmente es cónsul de Colombia en Milán, habría significado 300.000 votos favorables a Uribe en varias poblaciones del norte de Colombia, señalaron los medios, según Reuters.

Las denuncias contra Noguera se basan en el testimonio de un ex funcionario del DAS encarcelado por cargos de corrupción, quien además acusó al organismo de inteligencia de suministrar a los paramilitares listas de sindicalistas y defensores de derechos humanos que después fueron asesinados y de organizar un complot contra el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

El presidente considera que se trata de unas acusaciones que sólo buscan "empañar" la acción de su Gobierno a mes y medio de la elección presidencial. En su defensa, el mandatario añadió que no ha ejercido influencias en su papel al frente del Ejecutivo, ni durante su candidatura, que ha actuado con transparencia tanto en financiación como en la relación con los electores, agregó el mandatario.

Uribe fue elegido presidente en mayo del 2002 con 5,8 millones de votos y superó al candidato del Partido Liberal, Horacio Serpa, quien alcanzó 3,5 millones de votos. El aspirante por tercera vez a la presidencia, que se enfrentará de nuevo a Uribe, señaló que las denuncias ponen en duda la legitimidad del gobierno.

La organización Human Rights Watch criticó duramente al presidente de Colombia, Alvaro Uribe, por la "respuesta ampliamente inadecuada" a las acusaciones de que el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) ayudó a grupos paramilitares a asesinar civiles. El organismo considera que el dirigente debería garantizar una investigación total de los cargos de los que se acusa a su servicio de inteligencia.

Uribe no debería centrarse en atacar a los medios de comunicación por informar sobre las acusaciones de actividad criminal, señaló en un comunicado la Organización de Derechos Humanos con sede en Nueva York.

El organismo de Herechos Humanos indicó que la respuesta evasiva del presidente genera sospechas acerca de si él realmente desea que se sepa la verdad y pueda tener un efecto sobre la libertad de expresión.

Después de que la prensa colombiana hubiera informado de que el servicio de inteligencia de su Gobierno cooperó con las milicias de extrema derecha, lo que llevó a Uribe a acusar a varios periodistas de dañar intencionadamente a la instituciones democráticas del país.

Uribe apuntó a periodistas y comentaristas políticos, entre ellos Ramiro Bejarano, un abogado que participó en una comisión convocada el año pasado para investigar al DAS. Así, según manifestó Bejarano a Reuters su investigación demostraba que los paramilitares se han infiltrado en profundidad en el departamento.

Fue entonces cuando las acusaciones llegaron a los tribunales y el ex director del DAS, Jorge Noguera, declaró ante la Fiscalía y negó todas las acusaciones por corrupción y la presunta participación en crímenes contra civiles.

Los dos fiscales designados por el fiscal general, Mario Iguarán, interrogaron al actual cónsul en Milán para que indicara si recibió, y en qué circunstancias, un cheque de 10 millones de pesos (unos 3,4 millones de euros) enviado por la esposa de García. Este último también se encuentra bajo detención domiciliaria por corrupción. Noguera siempre alegó haberse tratado de un préstamo y en su versión de los hechos ratificó lo dicho, según Europa Press.

Los fiscales le preguntaron acerca de las acusaciones hechas por García sobre la presunta participación de miembros del organismo de seguridad en el suministro a los paramilitares de listas de sindicalistas y defensores de derechos humanos que después fueron asesinados.

Otro punto que figuró en el interrogatorio fue la supuesta existencia de una camioneta del DAS, destinada a la protección del presidente Uribe en un desplazamiento en la Costa Caribe, que habría terminado semanas después en manos de un jefe paramilitar.

Noguera negó los cargos que se le imputan citando declaraciones de otros testigos y presentando documentos para corroborar lo dicho, según declaró a la salida de la vista. El cónsul también señaló que detrás de las acusaciones hay una persona resentida que está presa y busca beneficios, pero no tiene pruebas para corroborar lo que ha dicho.

Por otra parte, Noguera reiteró su decisión de no renunciar al cargo de cónsul en Milán, y anunció que apenas culminen las diligencias judiciales retornará a Milán para reanudar sus funciones de cónsul. Además, aseguró que no descarta la posibilidad de iniciar acciones legales contra los medios -Cambio y Semana-que publicaron las denuncias en su contra, unas imputaciones que, a su parecer, quedarán en tela de juicio.

 
 

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