El Estado ecuatoriano ya ha comenzado a recibir ingresos millonarios tras la entrada en vigor, el pasado miércoles, de la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que redistribuye el excedente de los ingresos petroleros entre el Estado y las petroleras que operan en el país. Con esta medida, Ecuador recibirá unos dos millones de dólares diarios (1,6 millones de euros).

La reforma inicial que presentó el Parlamento ecuatoriano consistía en la redistribución de los excedentes en porcentajes del 60% para el Estado y el 40% para las petroleras. Pero el presidente, Alfredo Palacio, vetó parcialmente esa reforma y la dejó en igualdad porcentual del 50%-50% para conseguir la equidad en la repartición de las ganancias extras que las petroleras extranjeras reciben por el alto precio del crudo en el mercado internacional.

La decisión ha molestado a las petroleras privadas que han amenazado con llevar el caso a los tribunales pues consideran que un contrato suscrito con anterioridad no puede ser modificado por una ley. Entre las compañías perjudicadas por esta regulación figuran Occidental (Oxy, de EEUU) y la hispano-argentina Repsol en el bloque seis y en el campo Tibacuno.

Pese a la insistencia por parte de las petroleras de la supuesta inconstitucionalidad, la reforma se publicó el miércoles en el Registro Oficial 257, según comunicó el Parlamento unicameral ecuatoriano. Algunos legisladores del país consideran que con la reforma se han aplicado criterios de justicia y equidad, dentro de los procesos de contratación petrolera, para que los mismos se enmarquen en principios de equilibrio económico y de seguridad jurídica para las partes, aseguran.

Desde el Parlamento se ha expresado la esperanza de que los recursos adicionales que se reciban por el excedente en el precio del barril de petróleo sirvan no sólo para dinamizar la economía del país, sino para atender las demandas sociales insatisfechas en materia de salud, educación y vivienda, entre otras.

El Consejo de Cámaras y Asociaciones del Sector Productivo calificó de "inconstitucionales" las reformas aprobadas a la Ley de Hidrocarburos y anunciaron la presentación de una demanda ante el Tribunal Constitucional. Blasco Peñaherrera, presidente del Consejo, instó a la Administración a derogar las modificaciones, pues de lo contrario, señaló, acudirá a la justicia.

Peñaherrera apuntó además que la anulación de esa legislación constituye la única opción para restablecer las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU, después de que algunos funcionarios norteamericanos señalaran que el diálogo del TLC se encontraba en riesgo, a menos que Quito actúe sobre una creciente lista de inversiones. A juicio de ciertos expertos, Washington presiona de esta forma para que el Gobierno ecuatoriano no declare la caducidad del contrato con Oxy

Ecuador produce unos 550.000 barriles diarios de crudo, de los cuales el 36% corresponde a la empresa estatal Petroecuador y el resto a unas 15 compañías trasnacionales que operan en el país. Los ingresos por la venta de petróleo, el principal producto de exportación del país, alimentan casi el 35% del Presupuesto General del Estado.

La operadora petrolera estatal advirtió asimismo de que el próximo año el negocio petrolero de Ecuador podría llegar a colapsarse debido al incremento del precio de los derivados de crudo que el país importa para cubrir su demanda interna. Fernando González, presidente de Petroecuador, ha indicado al respecto que la falta de refinerías en el país va a causar pérdidas para el Estado, porque el dinero que se destinará a la importación de carburantes podría ser igual o mayor a lo que se recibe por la venta de crudo.

Según un estudio realizado por Petroecuador, en el año 2008 la aportación que generarán las exportaciones de la compañía al Estado alcanzaría los 2.025 millones de dólares (1.633,9 millones de euros) y calcula que la petrolera en ese año gastará una cantidad similar para importar combustibles.

González se ha atrevido incluso a vaticinar que el fenómeno ya se podría presentar en 2007. Para frenar ese desequilibrio, convocará el último trimestre de este año una licitación internacional que permita la construcción de nuevas refinerías en el país. La culpa de esta situación la tiene, según el presidente de Petroecuador, la incapacidad de los gobiernos anteriores, que no se ocuparon de construir refinerías. Comenta además que el hecho de no tener refinerías significa una pérdida de más de 1.800 millones de dólares (1.452 millones de euros) al año por la importación de combustibles, cuyo valor ha crecido a la par que la cotización del crudo.

Pese a que Ecuador es un país petrolero, es deficitario en la producción de gasolinas, pues las tres refinerías que posee no cubren la demanda interna de carburantes. Por ello, González precisó que, si la actual Administración no hace nada al respecto, en 20 años Ecuador necesitaría unos 20.000 millones de dólares (16.138 millones de euros) al año para cubrir el pago de gasolinas.

El aumento del consumo de gasolinas en Ecuador crece entre el siete y el 8% anual, mientras que la producción de crudo, por parte de Petroecuador, se ha mantenido en torno a los 200.000 barriles diarios. El petróleo es el principal producto de exportación y la base económica de Ecuador.

Las migraciones, a debate. Además, el mandatario ecuatoriano destacó la suscripción de un acuerdo entre las empresas petroleras Petroecuador y Pemex con el fin de fortalecer la cooperación en el tema de recursos humanos y en las técnicas de exploración y explotación de crudo en México y Ecuador. El marco de estas declaraciones fue la reunión que mantuvo con Vicente Fox, presidente de México, para tratar el tema migratorio con EEUU. Ambos mandatarios abogan por que el Congreso de este país norteamericano apruebe una reforma migratoria que presente un enfoque humanitario, coherente e integral que garantice el pleno respeto de los derechos humanos.

La actual ley que se discute en el Congreso de EEUU pretende criminalizar a los inmigrantes, según indican ambos dirigentes. Los mandatarios firmaron como testigos de honor un nuevo tratado bilateral de extradición entre los dos países y reiteraron la voluntad de sus gobiernos de esforzarse al máximo para que la reforma de la ley migratoria contemple soluciones efectivas, como la regularización de aquellos que se encuentran en situación ilegal, es decir, que se dicten políticas para una gestión ordenada, segura y eficiente de los nuevos flujos migratorios.

Este compromiso es parte de la declaración conjunta de ambos presidentes, que además acordaron buscar alternativas que permitan agilizar el sistema de visados vigente entre ambos países.

Pero la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que en la última década ha derrocado tres gobiernos y se ha encaramado al poder en la candidatura presidencial de Lucio Gutiérrez, no está de acuerdo con ninguna de las actuaciones del Gobierno ecuatoriano. La Conaie se plantea actualmente cómo va a posicionarse frente a las elecciones que se celebrarán el próximo mes de octubre en el país. Luis Macas, presidente de la Conaie, será el líder de la candidatura india.

El economista ecuatoriano Pablo Dávalos compara la candidatura de la Conaie con la de la comunidad india boliviana. Así, Dávalos indica que la Conaie tratará de reconstruir y descolonizar los discursos y prácticas emancipatorias de los políticos ecuatorianos.

El propio presidente de la Conaie ha llamado a “patear el tablero electoral” y asegura que tomará como referencia la campaña zapatista para elaborar las bases de su candidatura. La Conaie proclama la búsqueda de nuevos caminos basándose en la premisa de que el movimiento social no puede institucionalizarse “porque se muere”. Además, pretende evitar lo sucedido con Lucio Gutiérrez, que tras conseguir el poder gracias al apoyo de la comunidad india, se desvinculó seguidamente de la Conaie hasta lograr que esta organización desapareciera de los medios de comunicación.

Esa eliminación mediática permitió a la Conaie reconstruirse por abajo. Ya en noviembre pasado, el movimiento resurge en la arena pública con una gran marcha formada por 10.000 indios a Quito, y en marzo comienza el largo y sinuoso levantamiento que, según aseguran organizaciones populares a Americaeconomica.com, está siendo capaz de modificar la relación de fuerzas a escala nacional para evitar la firma del TLC con EEUU.