El camino hacia la aprobación de los acuerdos sobre la explotación y exploración de los hidrocarburos, aún no se ha finalizado. Los principales obstáculos vienen desde el partito de oposición al gobierno, Podemos, que pide mayor información. El jueves pasado ya fueron aprobados 41 de los 44 convenios, 37 de explotación y cuatro de exploración.

Hasta cuando no se habrá solucionado el caso de los tres contratos que quedan pendientes, el Gobierno tampoco tomará una decisión sobre el caso de la empresa brasileña Petrolgas.

Ayer martes, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, destacó que el Gobierno está interesado en que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) continúe la explotación de Campo de Irenda, después de que la brasileña de hidrocarburos Petrobras anunciara su devolución al Estado boliviano.

La compañía brasileña invirtió en la fase de exploración en el campo de Irenda cerca de 3,6 millones de dólares (casi 2,7 millones de euros) y durante la segunda etapa se había estimado un presupuesto de 16,6 millones de dólares (12,42 millones de euros) para inversión en distintos aspectos.

El Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Gobierno, ha propuesto una Ley Corta de 44 artículos para que el proceso de nacionalización, iniciado desde hace cinco meses, se concluya lo más rápido posible, incluso con la enmienda a los errores de los convenios.

Los acuerdos establecen que las empresas transnacionales dejan de ser propietarias de la producción y prevén una participación del Estado del 50% y la distribución de las utilidades entre las compañías y la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Según informes oficiales, tras la nacionalización de las industrias petroleras, el Estado obtendrá 82.000 millones de dólares (61.422 millones de euros) durante los próximos 25 años. Asimismo, ingresarán al país 4.000 millones de dólares (casi 3.000 millones de euros) por impuestos y 23.000 millones de participaciones para YPFB.

El próximo paso en el proceso de nacionalización será en el sector de las telecomunicaciones. La medida permitirá al Estado recuperar el 51% de las acciones que hoy domina la italiana Telecom, en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL). El ejecutivo ayer martes designó a una comisión que deberá dejar listo en 30 días el proyecto de nacionalización de ENTEL.

Mientras, llegan criticas al Gobierno desde los ex ministros de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli y Andrés Soliz, que le acusaron de que la nacionalización petrolera no fue tal y quedó reducida a una reforma tributaria que dará más ingresos al país.

Fuentes del Ministerio de Hidrocarburos declaran a Americaeconomica , en relación con las provocaciones de Soliz, que es un problema de interpretación de las leyes, así como que no se trata del clásico proyecto de nacionalización confiscatoria, por lo cual no hay que criticar “mirando hacia atrás”.

El martes Evo Morales, jefe del Gobierno boliviano desde hace 14 meses, admitió que hubo errores en la gestión, pero se plantea arreglar todas las faltas, relanzando su gobierno hasta 2018.

De hecho, la nueva constitución le permitirá optar a dos nuevos mandatos consecutivos de cinco años cada uno y su actual período presidencial no computaría al haber sido elegido bajo la Constitución anterior.