El plan de reforma migratoria de Bush ofrece una vía de legalización para miles de indocumentados, quienes además de pagar fuertes multas, tendrían que esperar casi dos décadas para conseguir la ciudadanía. Mientras, las diferencias entre republicanos y demócratas dificultan las negociaciones para una aprobación en el Congreso.

En marzo, el presidente George W. Bush viajó a Yuma (Arizona) para revisar el funcionamiento de un programa de seguridad fronteriza y anunció la próxima entrega al Congreso de una propuesta migratoria "integral".

El mandatario dijo que el proyecto incluye una vía de legalización, pero advirtió que solo será posible si ambos partidos, el republicano y el demócrata, la respaldan.

La Administración Bush quiere frenar el ingreso de indocumentados y capturar al mayor número de extranjeros sin papeles en el país. También ejecuta planes para acelerar la deportación de indocumentados y aumentar el cupo de los centros de detención de ilegales.

El plan migratorio del presidente de EEUU se basa en cinco puntos: reforzar la seguridad fronteriza, contratar trabajadores temporales, detener la contratación de ilegales, legalizar extranjeros sin permiso de residencia y ofrecer oportunidades para los inmigrantes recién llegados.

Frontera. Bush destaca que la seguridad fronteriza es un aspecto crucial de su estrategia de reforma migratoria. El presidente recomienda la contratación de más personal para la Patrulla Fronteriza, mayor presupuesto y nuevos recursos tecnológicos para combatir el tráfico ilegal de personas. En los últimos seis años aumentaron más dal doble los fondos de la seguridad de la frontera, de 4.600 millones de dólares (3.383 millones de euros) en 2001 a 10.400 millones en 2007 (7.648 millones de euros), y la Patrulla aumentó su personal de 9.000 agentes a 13.000. Bush quiere que en 2008 sean 18.000.
El programa de trabajadores temporales del presidente estadounidense está dirigido a bajar la presión en la frontera y sentar las bases de una vía legal y ordenada para que los trabajadores extranjeros entren en EEUU por un cierto periodo de tiempo.

El Gobierno anunció que el plan incluye la creación de un visado específico que tendrá un precio de 3.500 dólares (2.574 euros) y una duración de dos años. Al cabo de ese tiempo, el extranjero deberá salir de EEUU y solicitar una prórroga para reingresar, pero deberá volver a pagar otros 3.500 dólares.

La Casa Blanca aseguró que se están tomando medidas duras contra empresarios que violan la ley intencionadamente, y que para hacer que el cumplimiento de la ley en los centros de trabajo sea práctico a gran escala, el presidente ha propuesto la creación de tarjetas de identidad para los trabajadores extranjeros legales que no se puedan falsificar y un sistema para que las empresas verifiquen la situación legal de sus trabajadores.

El plan oficial estipula que los indocumentados ilegales, que ya residen en el país, recibirían primero una visa de residencia temporal de tres años, con un coste de 3.500 dólares. Al término del plazo, el ilegal deberá ir a su país de origen a iniciar un trámite de visa de residencia y pagar una multa de 10.000 dólares. Los beneficiarios deberán demostrar que pagan sus impuestos, que saben inglés y que llevan tiempo en un puesto de trabajo.

Discrepancias. Los republicanos sin el respaldo de los demócratas no pueden aprobar la reforma. Los demócratas, republicanos y la Casa Blanca coinciden en que el sistema migratorio vigente no sirve, que es necesario cambiarlo abordando toda una serie de aspectos como: la seguridad, la legalización y visados temporales. También coinciden en que la inmigración indocumentada es un problema serio que ha empeorado durante las últimas décadas.

Las mayores diferencias entre ambos partidos radican en la manera de solucionar el problema de los 12 millones de inmigrantes indocumentados que viven en EEUU.

Los demócratas favorecen una vía de legalización escalonada que comience con una residencia temporal, después la residencia permanente y finalmente la ciudadanía, todo ello en un plazo de al menos 15 años y el abono de multas de un máximo de 5.000 dólares (3.677 euros).

Los republicanos también contemplan una vía de legalización, pero mediante multas de hasta 10.000 dólares (7.354 euros) y a través de un complejo sistema para alcanzar la residencia, que incluye la salida de EEUU de todos los indocumentados, y que deberían tramitar la tarjeta de residencia (“green card”) en sus países de origen.

El plan se encuentra en la Casa Blanca y hasta ahora sólo ha sido mencionado. Para que sea discutido en el Congreso debe contar con el patrocinio de un grupo de legisladores, quienes deben presentarlo formalmente al Comité Judicial, sea de la Cámara de Representantes o del Senado. El único proyecto entregado oficialmente hasta ahora es el plan bipartidista Gutiérrez-Flake, que se encuentra en manos del Comité Judicial de la Cámara baja.

Ambas cámaras deben aprobar un proyecto de reforma. Si la Cámara de Representantes aprueba un plan distinto al que apruebe el Senado, la Presidencia del Congreso convocaría al Comité de Conferencia que debería armonizar ambas versiones y redactar una versión final. La versión final sería enviada al presidente para que la promulgue o la vete.