El presidente Evo Morales no tiene intención de dar marcha atrás, ni un paso, en el camino que llevará a la nacionalización de muchos sectores de la economía boliviana, a pesar de los conflictos que siguen produciéndose tanto en el interior del país, como en sus relaciones con el exterior.

En los primeros puestos de la agenda estatal boliviana se sitúa recuperar la serenidad en las relaciones con Brasil, que vuelve a amenazar con revisar los vínculos comerciales bilaterales con La Paz.

Al cierre de esta edición, el Gobierno boliviano acababa de anunciar una racionalización en el envío de gas a Brasil y Argentina, debido a la ocupación de los campos petroleros y de las estaciones de compresión en la provincia Gran Chaco, que impide un normal desarrollo de las actividades. Las protestas ciudadanas, que empezaron el lunes pasado, han provocado hasta ahora la muerte de un civil y una veintena de heridos.

Al mismo tiempo, las exportaciones se reducirán: en el caso de Argentina, de cinco a 1,2 millones de metros cúbicos por día, para Brasil de 24,6 a 24 millones de metros cúbicos.

Las autoridades de la compañía estatal brasileña Petrobras pusieron en duda en los últimos días las inversiones que podría realizar la empresa en Bolivia, una vez que el Gobierno concluya el proceso de nacionalización de los hidrocarburos.

La ira de los inversores brasileños deriva de las recientes declaraciones del presidente Evo, quien anunció que los nuevos contratos petroleros, acordados con su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva, no entrarán en vigencia.

Fuentes del Ministerio de los Hidrocarburos de Bolivia destacan a Americaeconomica que se solicitará una extensión del plazo para la entrada en vigor del aumento en el precio del gas, que estaba previsto iniciarse para el pasado 15 de abril.

La demora de la aplicación de los contratos, estipulados en octubre de 2006, se debe a la no aprobación por parte del Parlamento boliviano de los 44 contratos suscritos en noviembre pasado con 12 empresas petroleras extranjeras, por discrepancias con la oposición.

Los nuevos acuerdos prevén que Bolivia pagará a Brasil cuatro dólares (2,95 euros) por millón de unidades térmicas británicas (BTU), en lugar de los 1,09 dólares (0,80 euros) que paga actualmente por el gas que importa desde la nación andina. El retraso en la aplicación de estas normas comporta que cada día Bolivia deja de ingresar 600.000 dólares (442.706 euros).

A principios del mes de abril, Petrobras y las empresas hispano-argentina Repsol YPF y la franco-belga TotalFinaElf impugnaron ante el Gobierno el pago del impuesto mensual sobre su producción en Bolivia, que realizaron a la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Pero el Ministerio de Hidrocarburos boliviano rechazó la impugnación de las tres petroleras, comprometiéndose a encontrar una solución al asunto lo más rápido posible.

Tras la nacionalización de los hidrocarburos y de la industria metalúrgica, el presidente Morales se propone "recuperar" el sector de la telefonía, que se privatizó desde hace 12 años, cuando fue puesto en manos de ENTEL, filial de la compañía italiana Telecom.

El proyecto de Evo es que Entel pase al menos en un 51% o hasta en un 100% bajo el control del Estado. De hecho, el Gobierno emitió el pasado 2 de abril un decreto que pone un plazo de 30 días para negociar esa devolución, acusando además la empresa italiana de no haber cumplido con las inversiones comprometidas y de evadir el pago de impuestos.