El resultado de la consulta popular del pasado domingo 15 de abril ha sido un “triunfo histórico", según el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y una etapa decisiva en su objetivo de transformar el modelo de Estado hacia el socialismo. Para los observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se trata de una “manifestación de gran respeto por la democracia”.

Los casi diez millones de ecuatorianos convocados a las urnas para pronunciarse sobre la formación de una Asamblea Constituyente de plenos poderes se pronunciaron con el "sí" en un 81,63% de los casos, mientras el "no" se situó en el 12,57%.

El objetivo de la consulta es transformar la Constitución de 1998 para recortar los poderes del Congreso para destituir mandatarios, despolitizar tribunales y devolver al Estado un papel protagónico en la economía, aunque sin estatizar los medios de producción.

El siguiente paso está previsto inicialmente para el próximo 8 de octubre, cuando se convocarán las elecciones para determinar quienes serán los miembros de la Constituyente. En este sentido, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está ya analizando las propuestas de casi 30 agrupaciones sociales y políticas.

Partidos opuestos al Gobierno, como Sociedad Patriótica, y de derecha, como los socialcristianos, buscan alianzas por el temor a que el proyecto de Correa ponga en grave peligro la democracia y afecte la economía.

El jefe de la misión observadora del OEA, Enrique Correa, confirmó la transparencia del proceso electoral, felicitó al pueblo ecuatoriano por su participación en la consulta, elogió su responsabilidad con el voto y la rapidez del escrutinio oficial.

Esta semana, el Consejo Permanente de OEA comunicó también su decisión de negar la audiencia a los 57 diputados del Congreso de Ecuador destituidos a principios de marzo pasado.

El TSE explicó su rechazo por el hecho que, según la ley, solamente se puede recibir a los ejecutivos de un país, ni siquiera al resto de representantes del Estado, por lo cual resulta imposible dialogar con los legisladores que han perdido su cargo.

Los 57 diputados de la oposición al Gobierno de Correa fueron destituidos tras haber votado la sustitución del presidente del TSE, Jorge Acosta, con las acusaciones de haber convocado la consulta para la Constituyente de modo irregular.

Los destituidos tienen la posibilidad de dirigirse a distintos órganos de consulta u organismos especializados como, por ejemplo, la Comisión interamericana de Derechos Humanos.