El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, buscará mantener el apoyo de EEUU en el Congreso de ese país, principalmente entre la mayoría demócrata, cuando visite Washington la próxima semana.
De hecho, la imagen del Gobierno colombiano ha sufrido un profundo daño entre la opinión pública estadounidense, debido al escándalo de la “parapolítica”, o sea, el presunto vínculo de algunos políticos con los paramilitares de ultraderecha, acusados de masacrar a miles de personas y de involucrarse con el narcotráfico.

Uribe, que estará en Washington entre los días 2 y 4 de mayo, se reunirá con el presidente George W. Bush y estará acompañado por el fiscal general colombiano, Mario Iguarán, que intentará convencer a las autoridades estadounidenses de que el país mejoró la situación de los derechos humanos y que las investigaciones del escándalo se están dando de forma independiente.

Representantes de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y del Consejo de Empresas Americanas de Colombia (CEA) integrarán la comitiva presidencial, que explicará las ventajas que el país sudamericano ofrece para los productos norteamericanos.

Desde que estalló el escándalo, los demócratas, que controlan el Congreso de EEUU, han planteado críticas a actual política de ayuda estadounidense al país andino y decidieron congelar 55,2 millones de dólares (40,6 millones de euros) para la lucha contra el narcotráfico en Colombia, hasta la entrega de un informe sobre el respeto a los derechos humanos en ese país.

Actualmente, el Congreso analiza la aprobación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia y la continuación de la financiación de un plan para combatir la violencia y el narcotráfico, pero hay temores de que los demócratas pongan barreras a ambos proyectos. El TLC con EEUU fue suscrito el pasado 22 de noviembre y ahora sólo resta que sea aprobada la ratificación en las sesiones plenarias de Senado y Cámara, a partir del próximo 10 de mayo.

Colombia ha recibido unos 4.000 millones de dólares (casi 3.000 millones de euros) de ayuda financiera de EEUU para combatir la guerrilla y el narcotráfico desde el año 2000 y el Gobierno republicano pidió al Congreso que siga aportando a Colombia hasta 2008, unos 600 millones de dólares (440 millones de euros) anuales adicionales, pese al escándalo.

La situación resulta compleja: algunos congresistas y funcionarios estadounidenses manifestaron su preocupación por el escándalo de la “parapolítica”, pero consideraron necesario continuar con la ayuda a Colombia. Su argumento fue que no existen pruebas de vínculos entre el Gobierno de Uribe y los grupos de extrema derecha.

Además, el Ejecutivo estadounidense ha defendido la actitud de Bogotá en el escándalo, señalando que Uribe promueve que se conozca la verdad en este caso.

Por otro lado está el incidente diplomático provocado por el ex vicepresidente demócrata Al Gore, que la semana pasada renunció a participar en una conferencia en Miami donde Uribe iba a intervenir y canceló su visita oficial a Colombia, prevista para septiembre.

La embajadora de Colombia en Washington, Carolina Barco, reconoció que es un "momento crítico para Colombia" en EEUU, añadiendo que el desplante de Al Gore no es una posición oficial del Departamento de Estado.

El caso se originó a partir de las denuncias de Gustavo Petro, un senador colombiano del izquierdista Polo Democrático, publicadas por la prensa de EEUU. De acuerdo con este político, el presidente Uribe habría ofrecido refugio a los grupos paramilitares que planearon masacres a mediados de los años noventa.

El Partido Conservador Colombiano (PCC), de la coalición afín al mandatario Uribe, ha convocado para el próximo 4 de mayo una marcha silenciosa de respaldo al gobernante. Según los organizadores de la manifestación, las fuerzas de la oposición, lanzando esas acusaciones, sólo buscan desestabilizar las instituciones democráticas del país y disminuir el prestigio del presidente Uribe, impidiendo que el Congreso estadounidense apruebe el TLC.