La situación política en Ecuador se vuelve aún más tensa. El país tiene que enfrentar una grave crisis institucional interna y arreglar los equilibrios precarios a escala internacional. El último acontecimiento es la expulsion del representante del Banco Mundial (BM) en Quito, Eduardo Somensatto. “Quiso tratar a Ecuador como a una colonia”: esa es la razón oficial por la cual fue declarado "persona non grata" por el presidente Rafael Correa.

La alusión hace referencia a un presunto “chantaje” que el mandatario habría afrontado cuando era ministro de Economía en el Gobierno del ex presidente Alfredo Palacio, por la cancelación de un crédito de 100 millones de dólares (73,3 millones de euros) en 2005.

Según fuentes diplomáticas, la resolución no implica necesariamente la suspensión de las actividades del BM en Quito, ni afectaría las relaciones con la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Latinoamericano de Reserva (FLAR) o cualquier otro organismo multilateral que opere en el país.

Por su parte, el BM declaró a través de un comunicado su voluntad de mantener el diálogo con las autoridades del país andino.

Recientemente, Ecuador saldó todas las deudas que tenía con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque aún mantiene préstamos con el BM. Pero esta semana se ha especulado con la posibilidad que Ecuador podría suspender unilateralmente el pago de la deuda pública que considere ilegítima o ilegal, de no alcanzar un acuerdo con sus acreedores. La deuda pública de Ecuador bordea los 14.000 millones de dólares (10.275 millones de euros), sumada la interna y la externa.

Mientras, continúa la crisis institucional en el país tras la decisión del Congreso de Ecuador de destituir al Tribunal Constitucional (TC) después de que la corte resolviera restituir en sus puestos a 51 de los 57 diputados cesados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El conflicto político que afecta al país tuvo su origen en la formación de una Asamblea Constituyente con plenos poderes, que será votada el próximo 30 de septiembre.

Actualmente, 19 de los diputados cesados se encuentran en Colombia, donde solicitan asilo , declarándose “perseguidos” del Gobierno de Correa, mientras que portavoces del Ejecutivo descartaron tal persecución.

Con relación al caso de los parlamentarios destituidos, el Parlamento Andino (PA) pidió al presidente Correa y a los tribunales de Ecuador respetar la independencia de los poderes públicos. Igualmente, la Organización de Estados Americanos (OEA) planea enviar observadores.

Si Colombia aceptara la demanda de asilo de los diputados ecuatorianos, las relaciones entre ambos países podrían ponerse en peligro. Los lazos bilaterales se establecen sobre un equilibrio precario. El embajador de Ecuador en Colombia, Alejandro Suárez, regresó ayer jueves a ese país para asumir sus tareas, tras permanecer 129 días en consultas.

Además, la presentación del pasado martes del Plan Ecuador ha sido considerada por algunos medios de comunicación locales como una estrategia 'rival' del similar Plan Colombia. El proyecto ecuatoriano contempla inversiones de 135 millones de dólares (99 millones de euros) en la zona fronteriza con Colombia, así como un plan de ayuda para los 250.000 colombianos que se calcula están desplazados allí.

Al mismo tiempo, a pesar de la grave crisis, el apoyo popular a Correa aumenta. De acuerdo con los datos recogidos por la encuestadora Cedatos, el respaldo al presidente ecuatoriano creció tres puntos tras la victoria de Correa en la consulta popular del 15 de abril y se sitúa en el 76%. Además, el 73% de los ecuatorianos considera que conduce al país por buen camino.