La alarma desatada por un posible golpe de Estado en Bolivia el próximo 4 de mayo cobra cada vez más fuerza, aunque el presidente, Evo Morales, se empeñe en desmentir que militarizará Santa Cruz. Ahora es la Iglesia católica, la única que según los expertos podría acabar con el conflicto, la que se suma a los temores de las graves consecuencias que traerá esta crisis.

La Iglesia católica boliviana ha asegurado que el Gobierno de Evo se enfrenta a una situación que podría tener terribles consecuencias, como ya anunció Felipe Quispe, líder de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), que aseguró a Americaeconomica.com que el próximo 4 de mayo se podría producir un golpe de Estado en Bolivia.

Quispe también destacó a este diario que la mediación de la Iglesia católica de Bolivia desempeña un papel fundamental para poder conseguir la paz, más que cualquier organismo internacional.

Jesús Juárez, secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), ha asegurado que en su papel de mediadores seguirán llamando al diálogo y con su compromiso de seguir buscando una solución a este conflicto.

La Iglesia se ha reunido ya con los representantes de los departamentos opositores de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y con el Gobierno de Evo Morales pero no han sido capaces de que estos lleguen a un diálogo para solucionar esta crisis, que según ellos podría tener unas serias consecuencias.

Cuatro prefectos de la oposición aseguraron a la Iglesia, que han decidido contribuir en la búsqueda de una solución para la crisis política que vive Bolivia, pero que seguirán adelante con sus referendos autonómicos.

Ante los temores de una posible militarización de Santa Cruz el próximo 4 de mayo, día elegido por los prefectos opositores para realizar la consulta de sus estatutos autonómicos, Evo Morales anunció el pasado martes que había desestimado esta posibilidad y aseguró que no declarará el estado de excepción.

El mandatario boliviano ha afirmado que el Gobierno mantiene la unidad con las Fuerzas Armadas y descarta cualquier levantamiento en el país.

Aunque Evo sí ha amenazado a los prefectos de los departamentos opositores al Gobierno con que el poder ejecutivo procesará judicialmente a los que participen en el referéndum del próximo 4 de mayo, que busca votar la autonomía administrativa y política de estos distritos y que no ampara la ley.

Alfredo Rada, ministro de Gobierno de Bolivia, ha asegurado que el Ejecutivo está en la obligación de procesar a las autoridades que cometan actos ilegales.

Habrá que esperar al próximo 4 de mayo para ver que es lo que sucede pero tal y como están las cosas en el país puede que Evo tenga que buscar una solución antes de que este día se desate el desorden en Bolivia, como muchos observadores ya han indicado que ocurrirá.

Pero esto no es todo, Evo también tiene que enfrentarse a un problema que ya creía tener solucionado. Fuentes de la Confederación de Chóferes de Bolivia han asegurado a Americaeconomica.com que han dado al Gobierno de Evo Morales un plazo máximo de 180 días para que cumpla con el acuerdo al que llegó con ellos la semana pasada, o si no comenzarán a cortar las carreteras de todo el país.

Los transportistas han afirmado a este diario que en una reunión que mantuvieron el pasado miércoles con el mandatario boliviano le comunicaron que si en un plazo de 180 días o incluso antes no comienzan a ver los resultados del acuerdo tomarán duras represalias, como cortes de carreteras en todo el país.

Los chóferes consiguieron de Evo la ansiada disminución del Impuesto Municipal a las Transacciones del 3% al 1,5%, un compromiso para que el pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) simplificado sea en base a una categorización del sector del transporte pesado de carga.

Además, el colectivo de conductores de carga pesada logró del Gobierno un compromiso para que puedan importar llantas de manera directa, que se apruebe un decreto en 90 días para el cambio de la matriz energética, cuyo coste será cubierto por el Estado, y que los surtidores vendan gas natural vehicular (GNV) a todos sus afiliados y les prometió también el otorgamiento de 1.400 viviendas, además de prometerles, en materia de salud, la autofinanciación.