El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre EEUU y Colombia, su aliado más importante en Sudamérica, parece que no llega a un buen fin desde que ambos gobiernos firmaran el TLC en Washington en noviembre de 2006. La Cámara de Representantes de EEUU ha decidido suspender la votación del acuerdo con Colombia para presionar a que este país aumente la protección de los derechos humanos y laborales, cuando tan sólo faltan siete meses para que se celebren las elecciones presidenciales.

La Cámara de EEUU, que en su mayoría está representada por los demócratas, aprobó con 224 votos a favor y 195 en contra eliminar el plazo obligatorio de 90 días que tenían para decidir qué hacer con el TLC, después de que el pasado martes el presidente de EEUU George W. Bush, enviara al Congreso el acuerdo comercial.

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, advirtió a Bush de que no enviase el proyecto de ley al Congreso, puesto que no contaba con los votos necesarios para ratificar el acuerdo. Además, los demócratas han visto como un desafío del presidente estadounidense el envío del TLC.

Bush, envió al Congreso el TLC con Colombia para forzar a los demócratas a que tomaran una decisión sobre el futuro del acuerdo y desde ese momento contaban con 90 días para tomar una decisión.

Ante esta decisión del presidente de EEUU, fuentes del Gobierno colombiano mostraron a Americaeconomica.com su optimismo ante la aprobación del acuerdo, aunque aseguraron que conocían las dificultades que pondrían los demócratas, pero lo que es seguro es que no esperaban que la oposición estadounidense tomara una decisión tan radical.

El TLC con Colombia se ha convertido en uno de los temas centrales de Bush, que quiere dejar este acuerdo firmado antes de que tenga que abandonar la Casa Blanca.

Los gobiernos de Colombia y EEUU firmaron el TLC en Washington en noviembre de 2006, pero el Partido Demócrata se abstuvo de ratificarlo hasta que el país andino mejorara en materia de derechos humanos y garantías sindicales.

De acuerdo a la mayoría de los demócratas, el Gobierno de Álvaro Uribe no tiene garantías sobre materia de derechos humanos y sindicales. Los sindicalistas de EEUU son los opositores más fuertes porque acusan a Colombia de no respetar los derechos de los trabajadores, y por la violencia interna del país sudamericano.

Mientras la precandidata del Partido Demócrata Hillary Clinton dejó claro que haría todo lo que esté a su alcance para que el Congreso no apruebe el TLC con Colombia, algunos periódicos de EEUU revelan que varios asesores congresistas demócratas tenían vínculos con firmas que hacían lobby por el TLC.

Diversos conflictos de intereses se mueven en EEUU en torno al TLC. Clinton, por su parte, mantiene su postura para atraer a los votantes demócratas en Pensilvania y de otros estados, quienes opinan que los acuerdos de libre comercio han eliminado miles de empleos en EEUU.

En el caso del asesor de Clinton, Mark Penn, y presidente de Burson-Marsteller renunció recientemente al revelarse que se reunió con la embajadora colombiana, Carolina Barco, para analizar las posibilidades de que el pacto sea aprobado. Colombia era un cliente de la empresa de relaciones públicas de Penn.

A raíz de este caso, la prensa de EEUU, como el New York Times y The Político (especializado en el mundo del poder en Washington), han investigado a los funcionarios que tras su retiro entran a firmas de relaciones públicas, donde representan a grandes grupos económicos o gobiernos extranjeros y, paralelamente, asesoran campañas políticas que van en contra de los intereses de sus clientes.

En el caso del TLC con Colombia, según el New York Times, la administración de Álvaro Uribe les ha pagado a los 'lobbistas' más de un millón de dólares (más de 635.683 euros) desde comienzos del año pasado.

Uno de los casos es Glover Park Group, al que Colombia le paga 40.000 dólares anuales (más de 25.000 euros). Ha sido creado hace pocos años por ex funcionarios de la administración de Bill Clinton, entre ellos Joe Lockhart, su portavoz, y Joel Johnson, asesor de comunicaciones. En la firma también figura Howard Wolfson, director de comunicaciones de Hillary y quien asumirá muchas funciones de Penn.

Wolfson pidió permiso el año pasado para separarse temporalmente de la empresa, y por eso no figura en nómina. Pero posee casi un millón de dólares (635.683 euros) en acciones y mantiene contacto con sus socios. Mientras que su esposa, Terri McCullough, es la asesora en jefe de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara y principal opositora del TLC. McCullough también posee acciones en Glover.

Johnson, Madigan, Peck, Boland & Stewart, otra de las compañías contratadas por Colombia, tiene entre sus directivos a Bill Danvers, ex asesor de Bill Clinton y cuya misión, dice el Times, es convencer a demócratas pro comercio, como el representante Joseph Crowley.

Andrew Samet, subsecretario de Trabajo del ex presidente demócrata, también asesora a Colombia.

En Washington, el mundo de los 'lobbistas' no sólo es aceptado y es legal, sino necesario para acceder a los círculos de poder. Perú, por ejemplo, se gastó tres millones de dólares (casi dos millones de euros) moviendo su TLC hasta que fue aprobado a finales del año pasado, y recurrió a algunas de las empresas contratadas por el Gobierno colombiano.