La sombra de la privatización en empresas estatales ha tocado de lleno a los mercados de Chile y de México. La amenaza de una larga huelga se cierne sobre la minera chilena Codelco, ante la posible entrada de la china Minmetal en la compañía. Mientras, el Congreso mexicano continúa dividio por la polémica reforma energética que, tal vez, acabe con el ingreso de capital extranjero en Pemex.

Con este panorama de fondo, las negociaciones y la diplomacia siguen su curso sin vistas a una pronta solución de ambos conflictos. Mientras la polémica por la huelga de los subcontratados en Codelco continúa, la firma de un acuerdo con la minera china Minmetal, que pretende adquirir un 25% de una de sus divisiones, ha aparecido como uno de los principales problemas de los trabajadores, que no quieren capital privado en la minera.

Uno de los portavoces del Sindicato de Trabajadores de Codelco, Emilio Páez, ha afirmado a este diario que “todos los trabajadores del cobre de Chile irán a la huelga” si se llega a ese acuerdo, porque “el cobre es de todos los chilenos, y porque el Gobierno no ha sido capaz de defenderlo”.

“Es la única forma de hacer ver al Gobierno chileno, a los chinos y al mundo que los chilenos no queremos que Codelco se asocie con nadie, porque es una empresa estatal y queremos que así siga”, ha enfatizado Páez, quien a continuación ha confesado a este diario estar seguro de que si eso pasa, “saldremos en los periódicos y televisiones de todo el mundo”.

Con respecto a la huelga que mantienen los trabajadores subcontratados de la minera estatal, los dirigentes sindicales aseguran que las que tienen que negociar con esos huelguistas son las empresas que los contratan, y no Codelco. estas fuentes han querido dejar claro que "todos los dirigentes sindicales rechazan la violencia de las protestas de la última semana”, que han desembocado en agresiones y amenazas a los trabajadores no subcontratados en la última semana.

Por otro lado, un portavoz de Codelco confirmó a este diario que la compañía está revisando sus acuerdos con las empresas subcontratas y rescindirá sus contratos a aquellas que no cumplan con lo establecido. Sin embargo, la confidente aseguró que todavía no pueden desvelar cuáles son las empresas que están siendo investigadas.

Desde la empresa estatal chilena han asegurado a este diario que el problema con los trabajadores subcontratados es sólo con los afiliados a la Confederación de Trabajadores del Cobre, que se considera la mayoritaria de esos subcontratados, porque exigen un bono de productividad que no ha sido acordado con ellos.

Además, fuentes de Codelco han explicado que con el resto de sindicatos de trabajadores subcontratados ya se ha llegado a un acuerdo para adelantar ese “polémico” bono, que se acordó con ellos el año pasado.

Mientras, a 7.000 km de Chile, el perredista Andrés Manuel López Obrador continúa con su propia cruzada para impedir la reforma energética y la privatización de Pemex. Obrador, que en los últimos meses ha recuperado gran parte del protagonismo perdido tras su derrota en las elecciones, advirtió anoche a Calderón no va a ceder en su objetivo de impedir la privatización de los hidrocarburos.

En diferentes reuniones con las dirigencias del Partido del Trabajo (PT) y de Convergencia, Obrador resaltó la importancia de la toma de las dos tribunas del Congreso de la Unión y de la resistencia civil pacífica.

En medio de la división del Congreso, el líder del PRD mexicano ha expresado en repetidas ocasiones su voluntad para un debate nacional sobre la situación de la industria energética del país, una propuesta realizada por el Frente Amplio Progresista (FAP). Sin embargo, Obrador ha dejado muy claro que no intensificará los movimientos de organización e información, ante las sospechas de que la propuesta del debate no sirva para acabar con el "afán privatizador" del Gobierno.

Obrador también ha criticado duramente a los senadores del partido izquierdista PRI y del poder PAN, que “de manera vergonzosa”, aprobaron el pasado martes el anteproyecto de la Ley de Adquisiciones, que tiene como objetivo abrir las compras del sector público a proveedores extranjeros.