Como un paso más en la progresión dramática que están siguiendo los acontecimientos ya desde la misma precampaña electoral mexicana, esta semana se ha caracterizado por que las manifestaciones puntuales han dado lugar a una acampada permanente de protesta en el Zócalo capitalino. Nada raro, por otra parte, si consideramos que el grado de tensión se había ido incrementando progresivamente desde las elecciones celebradas el pasado 2 de julio. En una lucha desesperada contra un tiempo que juega a favor del partido gobernante, las movilizaciones, pruebas y denuncias de la oposición se multiplican buscando ocupar todos los espacios. El objetivo es el de probar por todos los medios que sólo una conspiración en todas las esferas les ha apartado de la victoria.

Junto a la primera manifestación en la capital, se presentaron las pruebas inciales de manipulación electoral. Después, simpatizantes del candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, se desplazaron desde todos los distritos del país convencidos de lo fraudulento del resultado electoral. Entonces comenzaron a aparecer pruebas que cuestionaban la validez del proceso electoral y aparecían las primeras denuncias de agresión. Ahora, que incluso las instituciones de la República aparecen involucradas en el presunto fraude electoral, la protesta se ha convertido en permanente.

Vuelta atrás. En un proceso con claras reminiscencias del pasado, el PRD desempolva las tácticas de protesta antes empleadas por el ahora gobernante Partido de Acción Nacional (PAN). Cada vez se asienta con mayor fuerza la convicción de que las peores tácticas de manipulación utilizadas por el durante 71 años gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), han sido dominadas de manera magistral por el PAN. Incluso Elba Esther Gordillo, expulsada del PRI el 13 de julio, aparece ahora en medio de una trama cuyo objetivo final fue el de alterar los resultados electorales en favor del que ella misma, en contra de lo establecido por las leyes electorales, ha reconocido ya como presidente, el candidato del PAN, Felipe Calderón.

Según la versión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Gordillo, antigua número dos en la jerarquía del PRI, habría utilizado 2.500 millones de pesos (177,35 millones de euros) que le proporcionó, el aún presidente, Vicente Fox, en concepto de ayudas a sus programas de acción social, para tejer una red de interventores electorales. Así, a través de la estructura del Partido Nueva Alianza (Panal), que Gordillo impulsó y motivó su expulsión del PRI, se habría conformado a escala nacional una red de representantes del PAN-Panal en las mesas electorales el 2 de julio pasado que, en muchos casos, sustituyó a los funcionarios electorales.

Como resultado, la oposición de izquierdas ha señalado que, en aquellas distritos de todo el país donde sólo hubo representantes del Panal y del PAN, el resultado del candidato panista Felipe Calderón se encuentra muy por encima de su promedio nacional. Por ello preparan ya una demanda penal en contra de la diriginte sindical. Una más.

Una maraña de denuncias que hacen preguntarse si será posible obtener en breve una respuesta efectiva a tanta incógnita como se ha planteado. Si finalmente saldrá el sol azteca entre tanta sombra como oscurece ahora mismo el panorama de la política mexicana. En principio, el dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) pondrá fin a la incógnita del resultado electoral, pero desde el PRD se apresuran a aclarar que sólo el recuento "voto a voto, casilla por casilla" devolverá la credibilidad a las instituciones y la dignidad al proceso electoral. Desde el PAN se dice que un dictamen así violaría la Ley y sólo se produciría como resultado de las presiones del PRD.

Pero incluso va más allá. Si la judicatura todavía parecía encontrarse a salvo de la oleada de descrédito, esta semana también se han revelado vínculos entre la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de Mexico y Felipe Calderón. Al parecer, según un correo electrónico certificado ante notario, todo habría empezado cuando Héctor Díaz Santana, coordinador de asesores de la Fepade, solicitó información estadística a una empresa encuestadora, Consultores y Marketing Político SC, vinculada con el equipo de campaña de Calderón. Entonces, desde uno de los órganos encargados de vigilar la transparencia del proceso electoral, "empezaron a trabajar" en la impugnación prestando servicio al candidato del partido del Gobierno.

La incógnita del recuento. Sin embargo, pese a estas nuevas revelaciones, la instancia judicial aún parece ser respetada. Así, Horacio Duarte Olivares, representante de la coalición que apoya a Obrador ante el Instituto Federal Electoral (IFE), ha comentado que aún no hay una decisión definitiva sobre la posición que asumirían en caso de que el Tepjf anuncie que tan sólo realizará un recuento parcial.

Según Duarte, incluso en dicho escenario, atendiendo uno de los dos recursos que presentó la coalición, si el Tribunal decretase el recuento en algunos de los distritos y se redujese la diferencia de votos entre ambos candidatos, Calderón y Obrador... ¿no estaría obligado el propio tribunal a utilizar el segundo recurso del PRD para abrir todos los paquetes?

Por lo sabido esta semana, parece que así sucederá. Es decir, el Tepjf actuará en sentido contrario a lo establecido en la demanda del PRD que cuestiona, en primer lugar, la certeza de los resultados electorales. El Tribunal decidirá primero sobre la petición de realizar un nuevo escrutinio y sólo una vez que se lleve a cabo, podrá resolver, confirmar o modificar los resultados del recuento provisional y pronunciarse sobre la validez del proceso electoral.

Incluso si la sentencia negase la petición del recuento total, el Tepjf todavía tendría que determinar si procede el recuento en cada uno de los 230 distritos impugnados por el PRD. Otra posibilidad sería que el Tribunal decretase la nulidad de la votación en una o varias casillas para la elección presidencial, lo que modificaría los cómputos con independencia de si se admite el recuento.

Quizá por ello, López Obrador ya se ha congratulado incluso en el caso de que los magistrados decreten el recuento "voto por voto" sólo en los distritos impugnados. Por ello, frente a las crecientes críticas a la movilización permanente que él lidera, explica que está a la espera de la decisión del TEPJF, y que si se ordenase el recuento, los bloqueos y movilizaciones desaparecerían por completo. Obrador insiste además en que desde su partido, "se atendrán a los resultados".

Se niega además desde el PRD que pretendan anular el proceso electoral en sí. Es más, dicen que es el Gobierno de Vicente Fox el que está interesado en hacerlo. Así explican las hipótesis que han visto la luz en las últimas semanas sobre candidatos sustitutos o interinos o la conformación de una Presidencia interina. Según el PRD, "el problema de origen es la profunda animadversión que el presidente de la República, su equipo, el PAN, el grupo de empresarios que han manifestado, como nunca, su rechazo por un hombre, por un candidato, por una coalición".

Y de nuevo, el fantasma del PRI. Desde el PRD argumentan: "Nunca habíamos percibido esta actitud tan violenta, tan feroz contra un candidato opositor. Nunca, ni en los peores momentos de Salinas, en la etapa intermedia donde murieron más de 500 compañeros del PRD, se dio tan fuerte una embestida de todos. Recordamos en el 88: el más virulento de los diputados del PAN subió a la tribuna, se puso unas orejas de burro -eran papeletas electorales-, y pronunció un discurso violento solicitando la apertura de paquetes y el recuento "voto por voto". Este hombre de barba cerrada, alto, vestido de vaquero, se llamaba Vicente Fox Quesada".

No parece falto de credibilidad este empeño en convencer a la opinión pública de que los perredistas no buscan anular el proceso. Desde la candidatura opositora parecen ser conscientes de que sus movilizaciones están incomodando a muchos mexicanos, y así se lo podrían hacer saber en un nuevo proceso electoral.

Después de las últimas críticas de ciudadanos e intelectuales por la movilización permanente y el atolladero en que convierte el ya de por sí congestionado tráfico de la capital mexicana, el PRD ya ha anunciado que revisará su estrategia de movilizaciones. Desde el Gobierno central, del PAN, se exige al Gobierno del Distrito Federal, del PRD, que actúe y saque a la policía. El encargado de la policía de la ciudad responde que no se puede delegar en la ciudad el problema post-electoral de carácter nacional y "no se puede dejar a la policía tareas que corresponden a la mesa política y a los tribunales".

Por su parte, como ajena a todo, la economía permanece sólida, y de hecho, el PIB ha crecido un 4% en el segundo trimestre del año. Sin embargo, surge el temor de que, de alargarse esta crisis, también el crecimiento se vea cortado por la inestabilidad. Pero las autoridades judiciales habrán de andar con cuidado porque de no resolver apresuradamente este conflicto, no parece que la movilización de Obrador y los suyos vaya a parar. Después de todo, con la rabia de quienes se creen engañados, luchan contra el pasado, luchan contra el 88, luchan contra Salinas de Gortari.

Falta por saber si la movilización acabará ganándole la partida al tiempo.