Honduras es, probablemente, uno de los pocos países en los que las constantes subidas del petróleo no han tenido consecuencias directas en los consumidores de a pie, gracias al plan del Gobierno de subvencionar al precio de la gasolina.

Sin embargo, esta semana llegaba a su fin, por lo que había cierta incertidumbre en la población, al no saber si aumentaría o no el precio del carburante.

En caso de que el Gobierno hubiese decidido suspender la subvención, las útimas subidas del petróleo se habrían trasladado directamente a los consumidores, lo que habría supuesto un precio final de entre 90 y 100 lempiras por galón, alrededor de 1,13 euros por litro, en el peor de los casos.

La gasolina ha estado subvencionada desde abril de este año, evitando así que las fluctuaciones al alza afectasen al mercado nacional. Hasta el 31 de julio, fecha en la que expiraba el plazo, el Gobierno ha asumido un gasto de 260 millones de lempiras (11,32 millones de euros).

A principios de esta semana, Yani Rosenthal, ministro de la Presidencia, declaró que aunque el Gobierno había prometido mantener el subsidio hasta que se firmasen los contratos de licitación internacional de combustible, previstos para septiembre próximo, debía ser el presidente, Manuel Zelaya, quien decidiera qué hacer hasta entonces, disparando así las dudas sobre la continuidad del programa de subvenciones.

Expertos nacionales en economía declararon que si el Gobierno decidía prorrogar la subvención, ésta debería extenderse, al menos, hasta noviembre, con un presupuesto igual o superior a lo que se ha gastado hasta el momento, a pesar de lo cual Rosenthal afirmó que no afectaría a las programaciones fiscales ni provocaría inflación.

Días más tarde, la ministra de Finanzas, Rebeca Santos, declaró una prórroga de una semana más para la subvención (hasta el próximo lunes), con el objetivo de ganar un poco de tiempo antes de definir los mecanismos a seguir, manteniendo el cálculo de gasto en 20 millones de lempiras semanales (unos 868.000 euros).

A pesar de que el desembolso total, compuesto por la suma de 290 millones de lempiras por el congelamiento del precio de los carburantes y los 60 millones del subsidio a los taxistas, alcanza 350 millones de lempiras (15,19 millones de euros), Santos ha afirmado que la única consecuencia real que está teniendo es la disminución de ingresos a través de los impuestos, por lo que se están haciendo esfuerzos en otras áreas de captación, como Impuestos sobre Ventas, sobre la Renta o en la matriculación de vehículos.

El objetivo primordial del programa es impedir que aumente el gasto básico de las familias, lo que podría tener repercusiones negativas sobre los índices de inflación. Aún así, el subsidio tiene multitud de detractores, entre los que se encuentra la Iglesia Católica, que consideran que se está rompiendo la disciplina fiscal pactada con los organismos internacionales.

En respuesta, la ministra de Finanzas ha afirmado que la decisión de ampliar el programa se ha tomado bajo los parámetros acordados con el Fondo Monetario Internacional.

En otro orden de cosas, el presidente ha tenido que enfrentar las continuas protestas callejeras de los maestros, que continúan una huelga para la que no se ve una solución cercana, y que está comenzando a afectar a la economía: los periódicos locales advierten de que en las zonas donde se realizan las manifestaciones las ganancias del comercio se han reducido un 50%, y que los empresarios extranjeros tienen temor a invertir en el país.

Aunque, al cambio, el precio final se situaría al mismo nivel en el que se encuentra en España, no es de extrañar que los hondureños tiemblen con la perspectiva del fin del subsidio, ya que supondría un incremento en el gasto mínimo familiar difícil de asumir por la mayoría.