La suspensión del proyecto de construcción del puente de Chiloé ha marcado esta semana la actualidad de fondo de Chile, al servir como detonante de las tensiones internas que parecían venir incubándose desde tiempo atrás en el seno de las dos grandes coaliciones en que se divide el espectro político chileno: la Alianza, en la oposición, y la Concertación, en el Gobierno.

En principio, el inicio del conflicto podría situarse cuando el actual Gobierno de la socialista Michelle Bachelet dio marcha atrás en la promesa del anterior Ejecutivo de Ricardo Lagos de construir un puente que uniese a la isla de Chiloé con el resto del país. Entonces surgieron las protestas de la comunidad política de Chiloé y las consiguientes acciones: en último término llegaron a bloquear el acceso a la isla. Todo ello teniendo en cuenta que una parte de los alcaldes de la isla lo son por la Renovación.

Una coalición heterogénea vertebrada en torno al Partido Socialista (PS), al Partido por la Democracia (PPD) y a la Democracia Cristiana (DC), cuyo origen data de la lucha conjunta por la vuelta al sistema democrático después de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Pero según analistas chilenos consultados por Americaeconomica.com, después de cuatro gobiernos de la Concertación y una vez alcanzado cierto grado de desarrollo económico, las diferencias en lo ideológico no tardarán demasiado en aflorar. Unas diferencias que, en cierta medida también se hacen notar a la hora de escoger candidato a la Presidencia. En las últimas elecciones, la presidenta de la DC, Soledad Alvear, tuvo que renunciar a su candidatura en favor de Bachelet.

Ahora, mientras en el PPD y PS apoyan la negativa del Gobierno a no construir el puente que uniría al continente con la isla de Chiloé, en la DC aún esperan conocer el estudio y una explicación del Ejecutivo para no apoyar la construcción de la obra. Los cruces de declaraciones en público hicieron el resto.

La situación llegó hasta tal punto que el diputado de la DC, y presidente de la comisión de Obras Públicas de la Cámara baja, Juan Carlos Latorre, tuvo que salir a la palestra para asegurar que no había una persecución contra el ministro de Obras públicas, Eduardo Bitrán, del Partido por la Democracia (PPD). En el fondo subyacía la decisión de Durán Hernando, el secretario de Estado de Bitrán, de desestimar la construcción del puente sobre el canal de Chacao.

Pero Latorre tuvo que ir más allá y asegurar que no hay un conflicto entre el bloque Partido Socialista (PS)-PPD y la DC porque, según su interpretación, "las declaraciones de miembros del PPD no lo son contra la DC, sino contra el ex presidente Lagos".

Posteriormente, los presidentes de los partidos de la gobernante Concertación mantuvieron una reunión en el comité político de la Moneda (el palacio presidencial chileno) y se pusieron de acuerdo en mantener en orden a sus parlamentarios y evitar nuevos cruces de declaraciones. Pese a ello, la presidenta de la DC, la senadora Soledad Alvear, calificaba la polémica de "absurda y kafkiana" y ha acusado al Gobierno de no dar una respuesta clara a la construcción del puente sobre el canal de Chacao.

Oposición sin rumbo. La oposición intentó entonces aprovechar la oportunidad y el diputado chileno Claudio Alvarado, de la Unión Demócrta Independiente (UDI), dijo que la decisión del Gobierno de no construir el puente sobre el Canal de Chacao, significaba el "reconocimiento explícito de que era insostenible para la Administración actual hacerse cargo de promesas y falsos compromisos electorales". Según Alvarado, desde 2003 ya se sabía que el proyecto era inviable antes de 2015 y aún así los dos gobiernos anteriores a Bachelet "lo escondieron para cumplir a través del engaño sus propósitos electorales".

Pero entonces, fieles al que parece ser su lema de esta legislatura, los partidos de la Alianza -compuesta por la UDI y Renovación Nacional (RN)- siguieron la estrategia de repetir los errores del Gobierno. En un juego mimético al seguido por los partidos del Ejecutivo surgió un nuevo cruce de declaraciones.

En este caso, fue el ex candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, el que abrió el fuego al considerar que la labor de los partidos de la oposición estaba marcada por la "falta de competitividad". A esta declaración, el dirigente de RN, Carlos Larraín, y la secretaria general de la Alianza, Lily Pérez, respondieron tajantemente y la calificaron de "autoflagelante".

Además, Lavín se había pronunciado en el sentido de que sería necesaria "una Alianza que le pueda ganar a la Concertación" y "un partido instrumental para derrotar al oficialismo". La respuesta no fue menos contundente: "Nosotros no somos instrumentales, nosotros somos gente que estamos en política por convicción, por vocación y que creemos que en el país no se pueden hacer más partidos instrumentales", declaró Lily Pérez.

Incluso desde la propia UDI de Lavín, el senador Juan Antonio Coloma señalaba que la Alianza ya se encontraba, en su opinión, "en un escenario inmejorable para poder ganar las próximas elecciones".

Pero hay más. También el ex candidato presidencial conservador, Sebastián Piñera, salió del seminario "Taller de reforma al sistema electoral chileno", organizado por la Fundación Chile 21, teniendo que hacer la siguiente aclaración: "Contigo Lily no estoy enojado", en referencia a la secretaria general de la Alianza. Esta declaración se producía después de que Piñera mostrase su disconformidad con algunos integrantes de la directiva de RN.

Un conflicto que, por si fuera poco, se producía después de que, hace menos de una semana, RN presentase una nueva estrategia para la oposición que incluía precisamente entre sus puntos el reforzar la cohesión y la unidad en la "dirección" del partido, así como presentar su labor con mayor claridad ante la sociedad. Parece ahora que no todos los miembros de la Alianza, y ni tan siquiera de RN, estában de acuerdo con lo presentado entonces por su líder, Sebastián Piñera.

Pero, ¿y el puente? Así las cosas, los alcaldes de Chiloé tampoco tendrían muy clara a qué carta jugar y pese a reunirse con la oposición, han aclarado que tan sólo lo hacían con sectores interesados en la construcción del puente.

Además, lo cierto es que el apoyo en la zona próxima al proyecto vial no es del todo unánime. Hay un porcentaje de la población que no está de acuerdo con esta construcción. Para unos, supondría "la pérdida de identidad del archipiélago". Para otros, hay temas de mayor urgencia que deben ser solucionados en la isla. Como ejemplo, desde la Unión Comunal de Comités de Agua Potable de las Comunas Rurales, se señala que miles de chilotes no cuentan aún con este servicio.

Según señala el presidente de esta organización, Enzo Pérez, en declaraciones a terra.cl, en el puente "nos gastaríamos 900 millones de dólares (...) Si se ponen sólo 300 millones en Chiloé, pero en forma seria, en un plan de desarrollo, tiene mucho más sentido que una "megaobra" como ésta, que sería como una entrada faraónica a una población callampa (humilde)".

Desde otros sectores también se argumenta que de esta construcción tan sólo se beneficiaría el 30% de la población de la isla, dado que la mayoría no tiene ni coche. Además, este tipo de proyectos, dicen, se justifican cuando el tráfico naval supera los 100.000 barcos al año, como en la entrada de grandes puertos como el de Hong Kong, San Francisco o los acceso a mares interiores, como el Báltico o el Mar Negro. Evidentemente este no sería el caso.

Por su parte, un ingeniero de la Universida de Chile, René Fischman Lohaus, propone un proyecto de puente flotante que con turbinas como pilares sirviese además para generar electricidad. Pero, según él, el ministro Biltrán se inclina por la opción de unir la isla mediante transbordadores. Fischman puntualiza que si fuese él quien tuviera que decidir una solución que sólo sirviese para comunicar la isla con el continente, preferiría los transbordadores, pero esta solución, señala, tendría la virtud de resolver el problema energético.

Pero Fischman en algo sí coincide totalmente con el Gobierno: el puente colgante es insostenible. Por ello, el ministro de Obras Públicas se decanta por adquirir una flota de transbordadores para la isla y modernizar el sistema que tienen hoy para ingresar y salir del archipiélago. Así se reducirían los precios y el tiempo de traslado al continente.

Probablemente esta sea la opción escogida. Pero los alcaldes de la isla ya han anunciado que una solución alternativa tendrá que ir acompañada de un plan de desarrollo. Parece que esto podría poner fin al conflicto. A buen, seguro los conflictos internos en las grandes coaliciones tardarán un poco más en solucionarse.