El considerable aumento de las exportaciones ha impulsado al PIB salvadoreño, aunque el descontento de la población por el incremento de los precios y los problemas para hacer frente al incesante aumento de la carga de las pensiones son serios nubarrones en el firmamento económico del país. El secor eléctrico también atraviesa dificultades.

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) se ha mostrado preocupada esta semana por el problema de la delincuencia en este país, ya que ha afirmado que podría generar un tropiezo en el crecimiento económico si se produce una disminución de la inversión extranjera, sin la cual el país no puede crecer. A este respecto, Fusades ha realizado un estudio con la intención de obtener sugerencias que le ayuden a afrontar este problema.

Antonio Cabrales, presidente de Fusades, ha declarado que es urgente que se preste atención a la problemática de la delincuencia para implantar soluciones lo más pronto posible, antes de que se reduzca la inversión extranjera y esto impacte negativamente en la economía del país. Cabrales ha apuntado que ya se han elaborado una serie de propuestas para combatir este problema, pero que se darán a conocer "en su debido momento". A pesar de ello, el informe de Fusades destaca un crecimiento positivo en la economía salvadoreña durante el segundo trimestre de este año.

En ese periodo, se ha registrado un crecimiento del 10% en las exportaciones, lo que ha generado una subida de dos puntos porcentuales en el Producto Interior Bruto (PIB).

Los representantes de Fusades han instado al Gobierno de Elías Saca a utilizar adecuadamente los recursos del Estado, orientándose hacia un control de gastos y hacia una modernización del sector público, con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a la población.

No obstante, a finales de semana se han producido quejas por parte del Gobierno salvadoreño, que opina que los medios de comunicación sólo han destacado los aspectos negativos del informe de la Fundación, cuando también hay cosas buenas que contar. El presidente del Gobierno, Elías Antonio Saca, ha recordado que dentro del gasto público se incluye el incremento aprobado en el sueldo de los empleados públicos a principios de año. Por su parte, la ministra de Economía, Yolanda Mayora de Gavidia, afirmó que hay una serie de apartados que han mejorado considerablemente, mientras que la población se sigue quejando del encarecimiento de la vida.

Por otra parte, también esta semana el Gobierno ha tenido que admitir ante los medios que aún no sabe cómo va a financiar el pago de las pensiones, que este año ascenderá a 400 millones de dólares (unos 311 millones de euros). Cada año, la carga de pensiones que representa la transición del antiguo sistema de reparto al nuevo esquema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) crece a un ritmo superior al 17% anual.

Cambio de voltaje. En otro sentido, el sector eléctrico salvadoreño asume con incertidumbre los cambios anunciados para la Ley de Electricidad, en un momento en el que se prevén restricciones en el suministro por el aumento de la demanda.

Steve Sutton, presidente de El Paso Technology, operador de la planta térmica Nejapa Power, reclama mejores mecanismos para estabilizar el mercado, que sufre el incremento de los costes de generación con hidrocarburos. Según sus palabras, el Gobierno ha intentado varias veces reformar la ley para estabilizar el precio que pagan los mayoristas, sin llegar a tener éxito. Hace dos años se cambió el modelo totalmente, y ahora se ven inmersos en un nuevo proceso de cambio.

Esta transformación radica en la creación de un sistema de contratos de largo plazo y un modelo de costes en el mercado mayorista (generadores y distribuidores de electricidad) que estabilice los precios y fomente la inversión. Las partes implicadas en este acuerdo (generadores, comercializadores y distribuidores) tienen hasta el 23 de agosto para presentar observaciones al nuevo sistema, que entrará en vigor en 2007.

Uno de los cambios más criticados es el plan conocido como Pest (Precios estabilizados), que sacó del Mercado Regulador del Sistema (MRS) a las generadoras térmicas. Esta modificación fue defendida por el Gobierno, ya que permitió impedir mayores subidas en el precio de la energía a través de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), que es la única que fija la tarifa de la energía en el mercado.