Las grandes petroleras internacionales están muy pendientes del retraso de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, país que posee las segundas mayores reservas de gas natural de la región. La pasada semana, el Gobierno del país andino anunció la suspensión temporal del proceso.

El Ministerio de Hidrocarburos precisó que la suspensión está motivada por la falta de recursos financieros de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB). Las autoridades señalaron que la petrolera necesita 180 millones de dólares (unos 140 millones de euros) para asumir el control completo de las instalaciones de producción de las distintas petroleras extranjeras presentes en Bolivia.

Lo cierto es que el anuncio del retraso en el proceso de nacionalización tuvo repercusiones en los mercados financieros. En la sesión que siguió al anuncio de las autoridades bolivianas, las acciones de algunas de las compañías presentes en el país andino como la francesa Total, British Gas o la hispano-argentina Repsol YPF lograron subidas cercanas al 1%.

En cualquier caso, las empresas han mantenido silencio. Desde Repsol YPF no se quisieron hacer comentarios sobre este retraso.

Otras fuentes del sector señalaron que el proceso de nacionalización se había llevado de forma un tanto radical y explican que YPFB carecía desde un primer momento de los presupuestos necesarios. En una línea similar, otros expertos fueron más lejos y señalan que los problemas de la petrolera estatal boliviana no son sólo financieros sino también de infraestructuras.

Enfrentamientos. Pero la tensión no ha quedado ahí. El pasado martes, el ministro de Hidrocarburos boliviano, Andrés Soliz, en una comparecencia en el Senado de su país lanzó duras acusaciones contra Petrobras. Según él, la compañía brasileña “quiere eliminar el decreto de nacionalización y busca una sustancial modificación de la Ley de Hidrocarburos a la que considera demasiado exigente".

Según Soliz, las trabas de la petrolera estatal brasileña se refieren a "aspectos de la cadena productiva", a los obstáculos que pone la empresa Andina, de la que Petrobras es socia mayoritaria, para que el síndico designado por la citada YPFB realice su labor de fiscalización y a la negativa de la petrolera para subir el precio del gas que importa.

Soliz también dijo que Petrobras quiere aumentar el precio del gas que compra a Bolivia sólo por nuevos volúmenes y no por los actuales. "Por una parte dicen que no habrá nuevas inversiones en Bolivia y al mismo tiempo piden más volúmenes de gas", agregó. Además, Soliz admitió ante la prensa que "si no hay acuerdo con Brasil dentro de 60 días, habrá arbitraje".

Pero Soliz también tuvo palabras para Repsol YPF. Según él, Bolivia dejó de recibir unos 161 millones de dólares (125 millones de euros) por un contrato suscrito entre la empresa
hispano-argentina y la brasileña Petrobras que contribuyó a congelar el precio del gas exportado.
En este sentido, el ministro de Hidrocarburos calificó este supuesto pacto como una “estafa”.

Lo cierto es que las discusiones van a continuar. Al menos hasta que haya un acuerdo entre las partes sobre el nuevo régimen jurídico o, por el contrario, la ruptura sea definitiva. Por ahora, los analistas parecen coincidir en que habrá acuerdo. De todas maneras habrá que esperar... algunos meses.