En 2012, España superará en 22 puntos porcentuales la cota asignada por el Protocolo de Kyoto de emisiones de CO2. Un informe de Greenpeace señala que el Gobierno español “ha abandonado el objetivo de reducir las emisiones” y parece que pretende cumplir con Kyoto con unos mecanismos de flexibilidad “muy por encima de la media europea”.

Greenpeace se encuentra incómodo con el Gobierno español. El Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión (PNA) para el periodo 2008-2012 ha sido considerado por la organización ecologista como excesivo y ha dado lugar a que se solicite al Gobierno que “quite la asignación al sector eléctrico”, que según el Plan puede emitir 54 millones de toneladas de anhídrido carbónico (CO2). Este problema de las emisiones afecta a gran parte de la industria y, de manera especial, a las industrias eléctrica y siderúrgica.

En el mencionado periodo de tiempo, el Plan permite emitir hasta 152,6millones de toneladas, con lo que nuestro país llegaría al año 2012 superando en un 37% las emisiones de 1990, cuando el Protocolo de Kyoto sólo permite aumentar el nivel de ese año en un 15%.

Greenpeace fundamenta su petición en un informe del instituto alemán Fraunhofer, que ha analizado también los planes de emisiones de otros países. Según este informe, el Gobierno español “ha abandonado el objetivo de reducir las emisiones”. Pretende cumplir con el Protocolo de Kyoto a base de utilizar los mecanismos de flexibilidad “muy por encima de la media europea”.

Dicho con otras palabras, más que reducir las emisiones, se invierte en terceros países o en el comercio de emisiones para quitar dígitos en la cuenta de contaminación. Cumplir con Kyoto tiene un coste para España, que se estima entre 2.228 y 3.067 millones de euros.

En 2005, la comisión Europea creó la bolsa de derechos de emisión, con objeto de ayudar a las empresas a cumplir el Protocolo. Se abre una cuenta en el Registro Nacional de derechos de Emisión (Renade), gestionando por Iberclear, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.

Cada derecho de emisión equivale a un millón de toneladas de CO2. Una inversión mínima razonable es de 5.000 a 10.000 títulos y el precio de cada derecho es el que marca la cotización en la bolsa europea. Actualmente gira en torno a 16 euros por tonelada.

Se mueven así cantidades importantes de dinero, lo que ha dado lugar a la creación de consultoras y firmas de inversión. Por ejemplo, en el pasado año, la bolsa de CO2 negoció 10.000 millones de euros en todo el mundo.

En España, 1.000 instalaciones de empresas como Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Cementos Portland, Repsol YPF, Ence o Arcelor están sujetas a unas cuotas de CO2, a las que se tienen que ajustar las emisiones de sus plantas. Si las superan, tienen que acudir al mercado a adquirir derechos de emisión.

En la primera fase de Kyoto (2005-2007), de la cual ya ha transcurrido un considerable espacio de tiempo, 21 de los 25 estados miembros de la Unión Europea (UE), entre los que se encuentran Alemania, Francia y Finlandia, emitieron menos gases contaminantes de los que les fueron otorgados. En total, se adjudicaron 44 millones más de toneladas de CO2 de las que fueron utilizadas.

Por si fuera poco complicado todo este asunto del Protocolo de Kyoto, cuyo fin no deja de ser loable - mitigar, reducir o eliminar el cambio climático-, el estado norteamericano de California, a cuyo frente se encuentra el discutido Arnold Schwarzenegger, ha creado una bolsa internacional de comercio de gases de efecto invernadero. Y el primer ministro británico, Tony Blair, ha apoyado esta situación. Lo que cuenta con la decidida oposición del presidente Bush a imponer límites a las emisiones de CO2 en su país. Además, el Reino Unido y California tienen el proyecto de intentar reducir las emisiones del transporte por carretera.