La compañía eléctrica española Unión Fenosa ha asegurado haber cumplido sus compromisos de inversión y suministro desde que se encarga de la distribución de electricidad en Nicaragua. La compañía se defiende así de las acusaciones de la Contraloría General de la República que, según diversos medios, revocarían la licencia de explotación exclusiva otorgada en 2000 a una filial de la compañía. Sin embargo, desde Unión Fenosa se niega este extremo y se dice que tan sólo los Tribunales podrán en última instancia tomar esta decisión.

La Contraloría ha acusado a la empresa española de ser responsable, en gran parte, de la crisis energética del país al incumplir "de manera sustantiva" el contrato de distribución eléctrica firmado con el Gobierno por el que el Estado se reserva un 20% de esta actividad, mientras que el resto corresponde a la multinacional española.

La Contraloría es un órgano consultivo y, por lo tanto, corresponde ahora, a petición del Instituto Nicaragüense de Energía (que también solicitó el informe de la Contraloría), un juicio de arbitraje contra la multinacional española. Unión Fenosa deberá nombrar en 15 días un árbitro para participar en el arbitraje pedido por el regulador del sector, para revisar la concesión de distribución.

En última instancia y en el caso de que las denuncias siguieran evolucionando será la Procuraduría General, la que deberá demandar en los tribunales la nulidad de la concesión por 30 años de Unión Fenosa, que desde 2000 tiene el monopolio de distribución. Desde la compañía se confía en que nada se podrá demostrar en su contra porque han cumplido escrupulosamente con el contrato.

Otras acusaciones. Además de lo dicho por la Contraloría, el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) había señalado 16 faltas de Unión Fenosa en su primera fase operativa (2000-2005), entre las que se encontraban el incumplimiento de "descuentos tarifarios", el cobro indebido de alumbrado público, la cuantificación de los desvíos de costo al mayorista, pago de generación de acuerdo con su facturación y la aplicación de la Normativa de Calidad del Servicio.

Desde Unión Fenosa se argumenta que nada más lejos de la realidad si se tiene en cuenta que el número de clientes ha aumentado de 400.000 a 620.000 en los últimos seis años. La compañía ha asegurado haber cumplido sus compromisos de inversión y suministro desde que está presente en Nicaragua en el negocio de la distribución de electricidad y ha negado las acusaciones de haber realizado inversiones menores a las pactadas, de hacer cobros indebidos o de abandono de suministro.

La Contraloría argumenta en su informe que "es evidente la existencia del abandono parcial del suministro del servicio eléctrico, razón por lo que al existir la suspensión del servicio eléctrico incumple con las obligaciones señaladas en el contrato", pero según Unión Fenosa esta responsabilidad corresponde a las generadoras de energía, ya que la compañía española sólo se encarga de la distribución.

Según fuentes de la compañía consultadas por Americaeconomica.com estas acusaciones se deberían entonces a que el país centroamericano vive una crisis social ya que con las elecciones presidenciales a la vista, después de más de 15 años alejados del Gobierno los sandinistas se presentan como favoritos.

Las divisiones que de estos pronósticos adversos se derivan en el partido de Gobierno (Partido Conservador de Nicaragua -PCN-) explicarían que incluso los miembros de la Contraloría nombrados a propuesta del Gobierno actual hayan votado a favor de la revisión del contrato que le otorgaba la concesión de la distribución a Unión Fenosa.

Una opinión contraria a la del presidente nicaragüense, Enrique Bolaños, que intervino en la polémica declarando que la expulsión de Unión Fenosa, "empeoraría en estos momentos la situación del país".

Según la distribuidora y los generadores privados (responsables del 65% frente al 35% del Estado), los prolongados y desordenados racionamientos están vigentes desde abril por diversas causas y estas irían desde la falta de fondos para comprar combustible o electricidad hasta fallos técnicos.

Respecto a las acusaciones de la Red de Defensa del Consumidor de Nicaragua que denuncian que los problemas de suministro se deben a las millonarias deudas de la multinacional española con las plantas generadoras, desde la compañía se responde que estas deudas son menores de las que las propias generadoras tienen con la distribuidora.

El portavoz de la unidad local de Unión Fenosa, Jorge Katín, ha declarado que la compañías tiene listos los argumentos para las instancias legales. "En el momento en que la empresa sea llamada a responder cada uno de estos argumentos en las instancias que corresponden y que indique la ley (...) va a demostrar que no es así lo que se ha dicho hasta el día de hoy", dijo Katín a periodistas.

Origen del problema. El origen del problema estaría en que más del 80% de la electricidad que se genera en Nicaragua proviene de plantas que consumen petróleo y que, en muchos casos, se encuentran obsoletas. La subida en el precio del petróleo habría afectado entonces de manera decisiva a la capacidad nicaragüense para generar energía. Una crisis agravada porque el Gobierno no diversificó en su momento la generación de energía capitalizando recursos renovables nacionales como la energía eólica, hidroeléctrica o la geotermia.

También hay quien ha querido hacer interpretaciones de la crisis basadas en la teoría de la sospecha después de que la generadora Hidrogesa comenzará a funcionar a un ritmo de 90 megavatios/hora, cuando a lo largo de toda la crisis no había llegado a 10 megavatios/hora, sin que se hubiean producido lluvias que hubieran podido subir el nivel del lago Apanás, que abastece a dicha distribuidora.

Según esas interpretaciones se habría tratado de una crisis "prefabricada", en la que se apagó Hidrogesa para crear caos y conseguir, bajo esa presión, que se otorguen a Unión Fenosa los nueve millones de dólares (siete millones de euros) en letras del tesoro que el Parlamento no ha aprobado.

Fuentes de la empresa han descartado esa opción, explicando que no se trata de una subvención a la compañía, sino de una deuda que el Gobierno nicaragüense mantiene con ella. Además, añaden que el restablecimiento de la energía puede deberse al arreglo de posibles averías que hubiera en las plantas.