Durante esta semana se han escenificado de forma sustancial las diferencias entre los Gobiernos de Bolivia y EEUU. La polémica de los misiles chinos propiedad de las Fuerzas Armadas bolivianas, el más que probable final de las preferencias arancelarias de los productos bolivianos en el país norteamericano, y el fin de la inmunidad de los criminales estadounidenses en Bolivia ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), son algunos de los asuntos que han separado aún más al Ejecutivo de Evo Morales de EEUU, un país que empieza a ser mirado con ojos cada vez menos amigables en la nación andina.

Para empezar, el Gobierno de Bolivia pedirá informes a la Embajada estadounidense sobre su actuación en el caso de la destrucción el año pasado de 28 misiles bolivianos en EEUU, hecho por el cual se intenta enjuiciar al ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006).

Aunque Rodríguez ha negado esta semana haber autorizado la salida de los misiles con destino a EEUU, admitió que fueron destruidos por "obsoletos", y le pidió a la Embajada aclarar el caso o será condenado a 30 años de prisión acusado por la justicia boliviana de espionaje y sometimiento a un gobierno extranjero.

Por su parte, el embajador estadounidense en Bolivia, David Greenlee, comentó el lunes que el caso de la desactivación en EEUU de misiles de fabricación china propiedad de las Fuerzas Armadas bolivianas se quedará "en un canal de seguridad" y ya no se emitirán más comentarios.

El embajador estadounidense en Bolivia, David Greenlee, habló esta semana de otro tema sensible para el Gobierno de Evo Morales: la ampliación del acuerdo de preferencias arancelarias para productos bolivianos exportados a EEUU a cambio de la erradicación de los cultivos de coca, y que vence a finales de este año. Greenlee volvió a enfatizar la posición estadounidense que cuestiona el compromiso del Ejecutivo de Evo Morales para acabar con las plantaciones de coca. "Difícilmente se extenderá el acuerdo si no hay buena cooperación en el tema antidroga", afirmó el embajador.

El vicepresidente de Bolivia, ÁlvaroGarcía Linera, acusó recientemente a EEUU, porque Gonzalo Sánchez de Lozada, ex presidente boliviano refugiado en el país norteamericano, hace "lo que le da la gana" sin que el Gobierno de ese país colabore para notificarle de las acusaciones de genocidio y otros delitos por los que el Congreso boliviano autorizó procesarle judicialmente desde 1994.

Por otro lado, García Linera acaba de anunciar que su país no cobijará a los sospechos de haber cometido un crimen, y que tengan nacionalidad estadounidense, ante el Tribunal Penal Internacional (TPI).

El vicepresidente respondió así a la carta enviada por Amnistía Internacional a Evo Morales para pedirle que no se ratifique esa inmunidad a los criminales de EEUU que fue aprobada por el Senado en la pasada legislatura, el 12 de mayo de 2004, y que quedó pendiente de la aprobación en el Congreso.

Con todo esto, el Gobierno de Evo Morales cada vez se muestra más afín a Hugo Chávez y menos cercano a EEUU. Sólo el tiempo dirá si Bolivia pasa a integrarse en el frente idelógico que forman Cuba y Venezuela contra EEUU o se mantiene en una postura más neutral, como hace Brasil.