El presidente de Venezuela continúa con las nacionalizaciones. Esta semana decidió 'apropiarse' de una empresa cementera propiedad de una multinacional de Colombia, que declaró a Americaeconomica.com que no volverá a invertir de continuar la política de Chávez, unos días después de que el presidente de una patronal de aquel país le felicitara, con cierta sorna, por haber sido un gran promotor de la industria colombiana.

Miguel Gómez, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Colombo Americana de Colombia, una de las principales organizaciones patronales del país, se mostró muy contento la semana pasada con la política del Gobierno de Venezolano porque sus decisiones en materia económica repercutían favorablemente en su país, y llegó a afirmar que "Chávez ha sido un gran promotor de la inversión extranjera en Colombia".

Tiene motivos. Colombia logró entre 2005 y 2006 una Inversión Extranjera Directa (IED) por unos 16.500 millones de dolares (casi 12.000 millones de euros), cerca del 10% de su PIB, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Se trata del segundo mejor resultado de la región después de Brasil.

Una semana después la presa se hacía eco de una nueva nacionalización en Venezuela, y esta vez le tocó a una empresa colombiana. Hugo Chávez decidía apropiarse de la empresa cementera Corporación Cemento Andino, filial de la multinacional colombiana Cementos Argos. La multinacional, líder en la industria cementera colombiana y la quinta en el sector en América Latina, aseguró a este diario que no volvería a invertir en Venezuela mientras Chávez no abandone su política de nacionalizaciones. El asistente de la presidencia de la multinacional, Pablo Arroage, afirmaba que "la inversión nuestra está en peligro, desde marzo no tenemos operaciones (en Venezuela)".

Cemento Andino, situada en en el estado de Trujillo y que produce la mezcla que se comercializa en los estados de Táchira, Mérida, Trujillo y Barinas, era propiedad de Simón Ramos Faríasal y fue expropiada por supuesta malversación de fondos. La empresa salió a oferta pública y fue adquirida por Cementos Argos por un total de 82 millanes de dólares (casi 60 millones de euros) en una subasta internacional en 1997. Ramos recuperó la planta cuando en febrero de 2006 un juzgado declaró nula la condena y ordenó que le fueran devuelto los bienes.

Cementos Argos recurrió y como declaró Arrogae "tras la disputa legal logramos que en agosto la planta fuera retirada de la posesión de Simon Ramos" y, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela (TSJ), se encuentra bajo el mandato de una junta ad hoc desde agosto de 2006 mientras se decidía el fallo. Sin embargo, el gobierno de Venezuela decidió justo en este momento nacionalizar la empresa cementera sin esperar al fallo del TSJ.

La cercanía de los dos hechos parece indicar cierto revanchismo en la actuitud de Chávez, aunque Arrogae creía que eran otros los motivos. Según declaró el asesor presidencial, "quizás" aprovecha que la empresa este en juicio y con su propietario por determinar, ya que "es más fácil nacionalizar una empresa sin dueño". Arrogae matizó que les obligaran a realizar la compra forzosa, "no por ser colombianos, sino por motivos políticos, Chávez ya anunció su interés en el sector" y añadió que "no es que seamos los únicos, sino que somos los primeros"

Poca confianza en Chávez deben tener los propietarios de las cementeras venezolanas y el capital privado en general. Las empresas privadas están viendo como las iniciativas del presidente desembocan en nacionalizaciones. Esta semana la cementeras pagará por la decisión de Chávez de construir viviendas para los venezolanos, pero a costa del capital privado que desconfía cada vez más de la política del Gobierno venezolano.