Bolivia ha comenzado su cuenta atrás para el referéndum revocatorio del 10 de agosto, en el que, según los expertos, serán ratificados tanto Evo Morales como su vicepresidente y los principales prefectos opositores. Pase lo que pase en la consulta, lo único seguro es que la división seguirá primando en el país, ante la posibilidad de que una victoria de Evo aumente aún más su poder sobre los sectores estratégicos de la economía, según los analistas consultados por Americaeconomica.com.

Los expertos han asegurado a este diario que "Evo podría tener dificultades para salir ratificado, pero todo apunta a que lo será con un porcentaje muy ajustado. Los prefectos de La Paz y Cochabamba verán peligrar seriamente su ratificación, mientras que las regiones opositoras de Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca contarán con un apoyo masivo". "Evo no ha sabido llevar el país a la unidad y ahora existe una gran división entre el ‘oriente blanco’ y el ‘occidente indígena’. El problema es que de confirmarse las previsiones, aumentará el enfrentamiento", añaden.

Constitución. Lo cierto es que si el presidente boliviano consigue ser ratificado el domingo, podría aprobar su proyecto de Constitución y aumentar su poder en sectores estratégicos de la economía. Las provincias opositoras han celebrado y ganado consultas populares de autonomía entre los meses de mayo y junio mediante las que proponen cambios en la carta magna, como el control local sobre los recursos naturales.

En la semana del revocatorio, las huelgas han predominado en el panorama boliviano. A la promovida por la Central Obrera Boliviana (COB), hay que añadir las huelgas de hambre que algunos prefectos promueven en defensa de la devolución de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y las protestas de las personas con discapacidad.

La COB, que demanda una nueva Ley de Pensiones distinta a la que plantea el Gobierno, mantiene como medida de presión cortes en las carreteras y advirtió que, de mantenerse en pie la reforma propuesta por Morales, se abstendrán en el referéndum, lo que podría significar un duro golpe al Ejecutivo.

En uno de estos bloqueos, murieron dos mineros y otros 39 resultaron heridos en un enfrentamiento entre la policía y obreros de Huanuni, la mayor mina de estaño de Bolivia, que bloqueaban una carretera. Además, según la prensa local, grupos afines al partido de Gobierno intentaron quemar la sede de la Central Obrera Departamental (COD).

Protestas. Otro frente de conflicto son las personas con discapacidad, que desde la semana pasada, han protagonizando distintas protestas para exigir el pago de un bono de 3.000 bolivianos (279,5 euros) anuales.

Por su parte, los prefectos de Pando, Chuquisaca y Tarija anunciaron que reforzarán la huelga de hambre iniciada por los cívicos de cinco regiones y los prefectos de Santa Cruz y Beni. Paralelamente a esta medida, el Comité Cívico de Tarija declaró un paro cívico de 24 horas a realizarse durante todo el viernes.

Ante la creciente tensión en Bolivia motivada por estas protestas, el Gobierno de Evo Morales ha introducido el miedo en su estrategia para movilizar a su electorado de cara al revocatorio, asegurando que el país se encuentra en el "umbral de un golpe de Estado".

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró que "por todo lo que está ocurriendo en Tarija, Santa Cruz, Pando y Beni, tenemos que denunciar ante los bolivianos, ante la comunidad internacional y ante los observadores que se encuentran en el país que estamos en el umbral de un verdadero golpe de Estado contra el orden constitucional".

Sin embargo, fuentes diplomáticas han confirmado a este diario que "estas declaraciones pueden venir motivadas por un llamamiento a los partidarios del Gobierno a que participen en el referéndum revocatorio del domingo, ya que no existen un riesgo real de golpe de Estado".

Los incidentes son sólo una muestra de la división existente en Bolivia justo antes del referéndum revocatorio del 10 de agosto, que incluirá además de a Evo Morales, al vicepresidente, Álvaro García Linera, y a ocho de los nueve prefectos del país, salvo la de Chuquisaca, la indígena Savina Cuéllar, quien juró el cargo en junio, tras la renuncia de su antecesor.

Para evitar incidentes, el Gobierno de Evo Morales ha aprobado un decreto supremo en el que señala que, desde 48 horas antes de la consulta hasta las 12 horas posteriores, se prohíbe, entre otros aspectos, expender o consumir bebidas alcohólicas, realizar espectáculos públicos, el traslado de ciudadanos de un recinto electoral a otro, por cualquier medio de transporte y la circulación de vehículos motorizados, salvo los expresamente autorizados por las cortes electorales.

Confusión. Los partidarios de Evo Morales, que espera salir fortalecido en la consulta, centraron su campaña en atacar a los prefectos y presentaron el referéndum como la oportunidad de cambiar a los prefectos para allanar el camino del proceso de cambio: "están en debate dos programas de gobierno, dos modelos económicos: nacionalización o privatización de los recursos".

Mientras tanto, la oposición insistió en las posibles dudas sobre las interpretaciones de los resultados, máxime tras las últimas decisiones de la Corte Nacional Electoral (CNE) en acuerdo con las cortes departamentales, en las que se modificaron los porcentajes regulados por ley para ratificar o revocar a los prefectos.

Ante las acusaciones de la oposición, que aseguraban que "aún no sabemos cómo se valorarán los resultados", un portavoz de la CNE confirmó a Americaeconomica.com la validez de la resolución en la que se establece en un 50% el margen para la revocación de los prefectos y aseguró que "no cabrán dudas sobre el veredicto final del referéndum".

Según la ley de convocatoria al referéndum, para la revocación se requiere un porcentaje negativo superior al que se obtuvo en las elecciones de diciembre de 2005. Los prefectos fueron elegidos con votaciones que fluctúan entre el 38 y el 48%.

Sin embargo, la semana pasada la CNE señaló que en el caso de los prefectos serán relegados sólo si el 'No' sobrepasa el 50%, aunque mantuvo el porcentaje para la revocatoria del presidente y vicepresidente, en el 53,7% que obtuvieron en las últimas elecciones.

Desde la CNE se confirmó a este diario que "la medida adoptada la pasada semana es un criterio técnico de aplicación que no modifica la ley, sino que establece un rango universal y constitucionalmente válido. La ley indica que se requiere un porcentaje negativo superior al logrado en las elecciones de 2005 y la corte sólo ha establecido el porcentaje exacto".

De cumplirse las previsiones de los expertos, si Evo Morales y los principales prefectos opositores consiguen la ratificación, se verían 'obligados' a sentarse de nuevo a negociar, al menos si pretenden conseguir una estabilidad política en el país.