Esta semana, la crisis de la aerolínea española AirMadrid llegaba a Latinoamerica, ya que la mayor parte de los afectados por el cierre de la compañía son inmigrantes de aquel continente. Las reclamaciones no se hicieron esperar, y los gobiernos de los países afectados comenzaban a tomar medidas para proteger a sus paisanos residentes en España. A principios de semana, el organismo de defensa del consumidor de Perú inmovilizaba las cuentas bancarias de la aerolínea en ese país y le daba un plazo de dos días para que informase del plan para el reemboloso de los billetes de avión que los afectados por la crisis no podrán utilizar.

La presidenta de la asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui, Dora Aguirre, en declaraciones al diario madrileño El Boletín, manifestaba que, junto al sentimiento de desesperación de los usuarios está el de indignación, y denunciaba el trato discriminatorio que han sufrido los perjudicados. La presidenta de Rumiñahui aseguraba que se tomarán medidas legales contra Air Madrid, y se habilitará para los usuarios agraviados un servicio de asistencia y asesoramiento legal.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México (SCT) también afirmaba que este organismo estudia cual sería la estrategia legal para que la compañía aérea española reembolse el dinero de los billetes a los mexicanos perjudicados, mientras que las autoridades chilenas retenían un avión de Air Madrid hasta que se facilite una solución a los pasajeros y la compañía cancele sus deudas con las autoridades aeronáuticas locales.

Por su parte, la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (Ferine) insistía en que el Ministerio de Fomento debía garantizar una opción de viaje alternativa o el reembolso del importe del billete a los viajeros, para que no se repita el ejemplo de la brasileña Varig, que suspendió sus servicios en julio y aún no ha devuelto el dinero. Ferine se ha solidarizado con los sentimientos de indignación de los trabajadores inmigrantes por la imposibilidad de viajar.

La presidenta de la Asociación Casa de Ecuador, Silvia Cachago, declaraba a El Boletín que desde el viernes pasado el sentimiento mayoritario entre los inmigrantes afectados es la desesperación. Cachago, en relación a las reivindicaciones de Ferine, resaltaba que las personas que debían regresar a sus empleos aún no sabían si se fletarían aviones para todos los perjudicados, o se iba a priorizar y era de la opinión de que Fomento debía haber observado las irregularidades antes.

Laa agencias de viajes advertían de que hasta que Air Madrid no haya solucionado sus problemas internos, el proceso de reembolso será lento. Fuentes cercanas a Asociación Iberoamericana para la Cooperación, Desarrollo y los Derechos Humanos (Aicode) destacaban que llevaban tiempo criticando el trato inhumano recibido.

A medida que ha avanzado la semana, otros países han tomando medidas a favor de los usuarios. El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y la Junta Aeronaútica Civil (JAC) chilenos interponían el miércoles una demanda colectiva ante un tribunal local en contra de AirMadrid, en cuyas medidas cautelares figura que el tribunal disponga el embargo de bienes de la empresa, incluido el avión que actualmente se encuentra en el aeropuerto internacional de Santiago.

Según el secretario general de la JAC, Jorge Frei, las autoridades chilenas buscan que la aerolínea española responda ante los usuarios que ya habían comprado sus billetes y no podrán hacer uso de los mismos, mediante el reembolso del precio de los mismos, además de una indemnización por daños a los consumidores.

Frei ha aseguraba también que el último avión que aterrizó en Chile no sería autorizado a despegar hasta que la empresa no haya regularizado su situación con los pasajeros y cancelado sus deudas con la autoridad.

Finalmente, el Gobierno español decidió tomar cartas en el asunto, por lo que se estableció un operativo humanitario, que entre los días 15 y 21 de diciembre ha trasladado a unas 5.400 personas afectadas a sus países de origen. Sin embargo, no se han cumplido las expectativas, ya que Fomento había garantizado el vuelo a unos 20.000 afectados.

La ministra española de Fomento, Magdalena Álvarez, manifestaba estos días que la disposición de su gabinete era un "dispositivo único", ya que hacerse cargo de los pasajeros no entra dentro de las competencias del Estado. Además, aseguraba que en nigún caso se ampliaría el plazo asignado al operativo, que ha tenido un coste de 6,5 millones de euros, que la aerolínea tendrá que abonar.

Varios miembros del partido de la oposición, entre los que se encuentra el secretario general del Partido Popular, Mariano Rajoy, pedían la dimisión de la funcionaria, y subrayaban sus declaraciones con la afirmación de que "los españoles no pueden pagar las vacaciones de otros españoles", en referencia al dispositivo de urgencia organizado por Fomento.