Según una encuesta realizada por la empresa Datafolha el pasado 13 de diciembre en 112 ciudades de todo el país sobre una muestra de 2.178 electores, el actual presidente del Gobierno brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, es el mejor presidente de la historia de la nación y el 54% de sus compatriotas considera que su próximo mandato será "bueno" o "excelente".

Según este estudio, para la ciudadanía, el mayor logro del primer mandato de Lula ha sido disminuir la miseria y el desempleo, lo que explica que este problema haya sido desplazado por otros en la lista de las cuestiones que más preocupan a los brasileños: al principio de la anterior legislatura el 31% de los electores consideraba que la falta de empleo era el principal factor de preocupación. Cuatro años más tarde y cinco millones de puestos de trabajo más, esta cifra ha descendido hasta el 27%.

La encuesta incluía entre las opciones de respuesta a los cuatro presidentes del Gobierno anteriores a Lula: José Sarney (1985-1990), que ha obtenido un 5% de las respuestas, Getúlio Vargas
(1951-1954) con un 8%; Juscelino Kubitscheck (1956-1961), que obtuvo un 11%, y Henrique Cardoso, el mandatario inmediatamente anterior a Lula (1995-2003), al que han preferido el 12% de las personas entrevistadas.

Esto acurría pocos días antes de que Gobierno y sindicatos brasileños acordasen una subida del salario mínimo de un 8,6%, con lo que se ha situado en 380 reales mensuales (unos 133 euros). Este alza, superior a la inflación, está por encima de lo recomendado por el Ministerio de Hacienda. Los expertos temen que el incremento tenga impacto fiscal, ya que cada real de aumento en el mínimo produce un déficit de 92,5 millones de dólares (32,5 millones de euros).

Esta decisión será sometida a la ratificación del presidente Lula. Si éste la aprueba, se tendrá que modificar el Presupuesto de 2007 antes de someterlo a la votación del Congreso.

La medida, que ha sido tomada por los ministros de Trabajo, Luiz Marinho, y de Planificación, Nelson Machado, junto con los representantes de los principales sindicatos, supone una subida real, una vez descontada la inflación, del 4,5%, y se aplicaría a partir de abril de 2007. El ministro de Hacienda, Guido Mantega había propuesto aumentar el salario mínimo hasta 367 reales (casi 129 euros), la Comisión de Presupuestos del Congreso ofertaba 375 reales (131,7 euros) y los sindicatos pedían 420 reales (147,5 euros).

Gas estancado. Otros temas económicos han tenido trascenedencia esta semana. Las negociaciones por el precio del gas que Boivia esporta a Brasil, aunque estancadas (se han suspendido hasta enero por la falta de acuerdo), no pasarán a mayores, ya que el ministro de Hodrocarburos boliviano anunció el miércoles que el Gobierno brasileño había descartado solicitar un arbitraje internacional para fijar dicho precio. Sin ebargo los funcionarios de ambas naciones sí que tuvieron un punto en común: de la reunión surgió el acuerdo de la venta de las acciones que la brasileña Petrobrás posee de dos refinerías bolivianas, con las que actualmente opera en aquel país, de modo que será YPF Bolivia quien se haga con el control de las mismas.

Esta no ha sido la única empresa que ha cambiado de manos. La compañía japonesa Nippon Steel ha aumentado sus participaciones en la siderúrgica brasileña Usiminas. Esta inversión cifrada en 84,7 millones de dólares (64,2 millones de euros), se enmarca en el rápido proceso de concentración de la industria siderúrgica latinoamericana de los últimos meses.

Usiminas se ha caracterizado durante el 2006 por su revalorización búrsatil, con una subida próxima a un 40% en el Latibex. Con esta operación, quedará reforzado el control de Nippon Stell en Usiminas, que controlará el 63,9% de las acciones de la compañía.

El movimiento forma parte de la estrategia que está desarrollando la empresa nipona en Latinoamérica, que consiste en la búsqueda de aliados para reducir la brecha que la separa del nuevo gigante del sector, Arcelor Mittal.