Intentan ofrecer una imagen más próxima de sí mismos y acercarse a sus votantes, muchos políticos se afanan en crear blogs personales, especialmente ante la cercanía de las elecciones. El líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Josep Luis Carod- Rovira, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Senado, Iñaki Anasagasti, o el secretario del Partido Socialista de Cataluña (PSC), Miquel Iceta, son algunos ejemplos de seguidores de esta moda “internetera”.

Sin embargo, no todo son ventajas, como pudo observar recientemente el ministro español de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, quien vió atacada sus bitácora por el spam. A veces las opiniones vertidas terminan en los tribunales, como sucedió en el caso de Carlos López Aguilar, hermano del ministro de Justicia.

El blog de Jordi Sevilla, en la que el ministro trata temas tan variados como su reciente mudanza, fue atacada recientemente, recibiendo en apenas 12 horas más de 1.500 mensajes. Sevilla tuvo que disculparse, ya que al eliminarlos y garantizar la seguridad de la página borró algunos de los post que le enviaron.

En otras ocasiones, no hay hackers, sino mensajes amenazantes y “desagradables”, como indicó a este diario el portavoz adjunto del Partido Popular (PP) en el Parlament catalán, Daniel Sirera. El popular aseguró que ha recibido múltiples mensajes indicando, por ejemplo, que le echarán de Cataluña, aunque reconoce que nunca le han amenazado físicamente.

En otros casos, las opiniones vertidas llegan más allá de la red, hasta los tribunales. Es el caso del hermano del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, quien en su blog “Los Genoveses” indicó que al presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) Francisco José Alcaraz, “le tocó la lotería” cuando ETA asesinó a su hermano. El asunto terminó en una querella de la asociación, que fue archivada por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Ferraz.

La franqueza en las opiniones vertidas puede tener consecuencias, no sólo políticas, sino judiciales. Para Sirera, el límite de la libertad de expresión es claro, no interferir en los derechos de los demás. El popular indica que nunca le han amenazado con denuncias por sus comentarios, a menudo durísimas críticas contra el Gobierno.