El presidente boliviano, Evo Morales, ha pedido el apoyo de las organizaciones sociales para conducir su revolución democrática y cultural desde el Gobierno, durante una reunión del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Cochabamba, en la que se ha valorado el año de gobierno de Morales y se ha tratado de dar solución a los conflictos políticos del país, como el sistema de voto de la Constituyente o el de las autonomías.

Evo Morales ha afirmado durante esta reunión que la revolución boliviana está en manos del Gobierno junto con los sectores sociales, por lo que las propuestas no se llevarán todavía a la Asamblea. En este sentido, pidió a los parlamentarios acompañar ese proceso con la aprobación de leyes prioritarias como la de lucha contra la corrupción , la seguridad social y la nueva ley de Educación.

En esta primera jornada de evaluación de gestión del Poder Ejecutivo y de la Constituyente, las mayores discrepancias se encontraron en la Asamblea, la cual se debate aún sobre la modalidad de votación a adoptar. Morales ha asegurado que se van a estudiar las formas para “mejorar el comportamiento de todos los asambleístas” para llegar al acuerdo.

Asimismo, los activistas sociales y el gobierno han calificado de nueva amenaza para el proyecto político del MAS, a las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, la llamada Media Luna que aspira a conseguir una autonomía mayor respecto al poder central. Esa oposición, según el vicepresidente Alvaro García, no tiene un líder, “no tiene un programa, pero claramente ya es un proyecto político”.

Desde las filas del MAS sostienen un doble argumento. Por un lado se afirma que la iniciativa autonómica es del propio Gobierno, pero por otro dicen rechazar la autonomía separatista.

Evo Morales ha pedido además a su equipo de Gobierno, una mayor iniciativa, más compromiso con el proceso y en los cambios que a partir de ahora podrían sucederse en el país. El MAS tiene la mayoría suficiente para impulsar las leyes que acompañarían este proceso de cambio, aunque no sería así para aprobarlas en el Senado.

Los sectores sociales también llevaron sus reivindicaciones al Presidente. Así, por ejemplo, los campesinos decidieron pedir el cambio de los ministros de Servicios y Obras Públicas, de Gobierno (interior), de Defensa y de Trabajo.
Por su parte, las organizaciones sociales de la ciudad de El Alto, criticaron y pidieron la dimisión de los ministros de Hacienda, Salud y Justicia. Sin embargo, Morales dijo que sólo cambiará a algún ministro si los dirigentes le presentan pruebas de corrupción.

Por otro lado, nada se habló en la reunión sobre el conflicto que esta semana ha mantenido el Presidente con los miembros de la Corte Suprema boliviana. Morales criticó duramente el hecho de que todos los magistrados de la Corte Suprema sean nombrados por intereses políticos por el sistema del llamado “cuoteo”, que consiste en que la elección de los distintos jueces se divida entre todos los partidos políticos.

Además, según un decreto presidencial del pasado 30 de diciembre, Evo Morales designó a cuatro nuevos magistrados. En este sentido, el presidente denunció que en el pasado reciente, los jueces eran nombrados según intereses partidistas y no por sus méritos jurídicos.

Mientras, el presidente de la Corte Suprema, Héctor Sandoval, ha acusado a Morales de denigrar al Poder Judicial en más de una ocasión. El presidente del máximo tribunal se suma así a las críticas y afirmaciones de opositores a Morales de que las designaciones serían inconstitucionales.

De acuerdo con la Constitución, Los magistrados deben ser nombrados por dos tercios de voto en el Congreso Nacional, cantidad que no reúnen ni el Gobierno ni la oposición y, según los especialistas, la falta de acuerdos políticos ha impedido llenar las vacantes. Sin embargo, el Gobierno afirma que es competencia del presidente nombrar de forma temporal cuando el Congreso no puede decidir.

Los legisladores regresarán a las sesiones la segunda semana de enero y podrían aceptar o rechazar la decisión de Morales. Sin embargo, los expertos creen que la falta de acuerdos entre Gobierno y oposición podría prolongar la permanencia de los magistrados provisionales.