Cuando parecía que el acuerdo entre Gobierno boliviano y oposición se acercaba con la decisión de Evo Morales de aceptar la aprobación del texto constitucional por mayoría en el Congreso de dos tercios, la tensión política se ha acentuado más aún en Cochabamba, que el jueves era escenario de un violento choque entre seguidores del MAS y los partidarios del gobernador Reyes Villa que concluyó con dos personas muertas y decenas de heridos.

La aplicación de los "dos tercios" será efectiva hasta el próximo mes de julio, fecha a partir de la cual el Gobierno podrá aprobar los artículos con su mayoría parlamentaria. Evo Morales aseguró que también se votarán por dos tercios los artículos referidos a la modalidad de autonomías que serán implementadas en el país, por lo que el mandatario ha calificado la medida de "muy flexible", y pidió a los principales partidos de la oposición asumir esta misma conducta.

Sin embargo, Cochabamba cumple hoy viernes su cuarto día consecutivo de manifestaciones de campesinos seguidores de Evo, quienes se oponen a las intenciones del gobernador del departamento de lograr más autonomía para la región.

El Gobierno de Bolivia no podía dejar de tomar cartas en el asunto, por lo que la ciudad de Cochabamba ha sido militarizada con fuerzas estatales. El Ejército se ha desplegado en el aeropuerto y las principales vías de entrada y salida de la ciudad mientras Evo responsabiliza al gobernador Manfred Reyes Villa del violento enfrentamiento del jueves.

Álvaro García Linera, presidente en funciones de Bolivia, en ausencia de Evo Morales, quien se encuentra en Nicaragua para la firma del tratado de adhesión de ese país a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), reiteró el compromiso oficial de permanencia en el cargo de Reyes Villa, como así lo estableció la voluntad popular que lo eligió, y convocó a los movimientos sociales a respetar las garantías constitucionales, retomar el diálogo y dejar las movilizaciones.

En tanto, Reyes Villa se reunió en La Paz con cinco de los nueve gobernadores del país, los de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y La Paz, quienes le manifestaron su apoyo ante la exigencia de que renuncie. Estas regiones quieren conseguir una mayor autonomía respecto al poder central.

En rueda de prensa, Reyes Villa aseguró que no dimitirá y tampoco dará "ni un paso atrás" en su intención de convocar a un referendo departamental sobre la autonomía, pese a que en julio pasado 63% de los votantes la rechazó.

El bloqueo de las carreteras de Cochabamba se agravó con el paro iniciado hoy viernes por el Comité Cívico local, al que se unieron los transportistas y los bancos. En los medios de comunicación locales comienza a escucharse que los alimentos en los mercados empiezan a escasear y hay alzas de precios de los productos.

Habrá que esperar para comprobar si el intento de acercamiento que el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) está intentando con la oposición logra calmar los ánimos para abrir una vía de diálogo real con los autonomistas.

Nacionalización minera En medio de todo el conflicto por las autonomías, Evo Morales ratificó el miércoles que su Gobierno iniciará este año la nacionalización de la minería para recuperar los recursos naturales que, según el propio mandatario, pertenecen exclusivamente a Bolivia. El 1 de mayo del año pasado, Morales ya decretó la nacionalización de los hidrocarburos en un país que cuenta con enormes reservas de gas.

Para la nacionalización de la minería, habría que introducir algunas reformas en el Código del sector, las cuales supondrían el aumento de los impuestos de un 500% para estos productos. Así, los dirigentes de la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin) se han mostrado preocupados por este incremento y han asegurado que sólo las empresas privadas podrían pagar unos tributos tan altos.

El ministro de Minería boliviano, Guillermo Dalence, informó de que existe la necesidad de realizar modificaciones al Impuesto Complementario Minero porque actualmente establece impuestos que benefician a los empresarios en vez de favorecer al Estado. Con esta medida, el Gobierno boliviano pretende incrementar de 45 a 300 millones de dólares (de 34 a 231 millones de euros) anuales los ingresos del Estado por este concepto.

Dalence espera que durante 2007, la Corporación Minera de Bolivia reciba una inversión de 500 millones de dólares (385 millones de euros) procedente de créditos de entidades financieras extranjeras. Además, según el ministro, el principal reto de la minería boliviana en la actualidad es explorar nuevos yacimientos, ya que hasta ahora sólo ha sido explorado el 20% del territorio nacional.