Las voces críticas a la nueva estrategia de Hugo Chávez no se han dejado de oír en Venezuela desde que el pasado 8 de enero el mandatario anunciara la decisión de nacionalizar diversas empresas privadas. No menos contundente ha sido la oposición a la ley aprobada este jueves en primer debate por la Asamblea Nacional. Gracias a esta ley, Hugo Chávez tendrá 18 meses para gobernar a discreción, aprobando leyes por decreto, y para hacer una reforma constitucional que le permita sentar las bases de su gran proyecto: "el Socialismo del Siglo XXI".

Las elecciones presidenciales del pasado 3 de diciembre otorgaron el poder a Hugo Chávez por un 61.35% de los votos. Una mayoría que se ve acompañada por el control total de la Asamblea Nacional después de que sus opositores decidieran no presentarse a las pasadas elecciones legislativas del 7 de diciembre de 2005. Esta situación es la que permite al mandatario venezolano poder llevar a cabo los planteamientos anunciados.

A los grupos antichavistas, tantas medidas juntas les han cogido por sorpresa. "La oposición venezolana podía prever que, antes o después, Hugo Chávez intentaría implementar estas medidas, lo que no esperaba es que lo hiciera con tanta premura y todo a la vez", comenta a Americaeconomica.com Douglas Gómez, experto en política venezolana.

El pasado 11 de enero, el principal líder opositor, Manuel Rosales, anunció importantes movilizaciones a lo largo de todo el país en protesta por lo que él consideraba "una manera despótica de gobernar". Por el momento, las calles no han sido ocupadas. En un principio, la primera movilización estaba prevista para el mismo día 11 en Táchira a la que luego seguirían intensas manifestaciones en otros estados del país.

Finalmente, parece que la oposición ha elegido la simbólica fecha del 23 de enero (día en el que se conmemora el derrocamiento del dictador Pérez Jiménez en el año 1958) para llevar a cabo la primera gran protesta. Douglas Gómez ha confirmado a este medio que "está planeada una gran marcha por la capital aunque aún están esperando ciertas autorizaciones ya que la oposición controla dos de las alcaldías de Caracas, pero las correspondientes a las zonas más emblemáticas de la ciudad están en manos de partidarios chavistas". Después de este día no se ha anunciado ninguna otra actividad. "Aún están de capa caída por los resultados de las pasadas elecciones, no están fuertes y creo que ahora están estudiando como reaccionar ante estos acontecimientos", comenta el especialista.

Las quejas de la oposición. La oposición venezolana ha criticado intensamente los planes de nacionalización del presidente Hugo Chávez. Teodoro Ptekoff, director de estrategia de la campaña presidencial de Manuel Rosales, afirmaba en entrevista a Unión Radio que "el paquete de medidas políticas y económicas anunciado por Hugo Chávez no obedece a otro propósito que no sea el de perpetuar al actual presidente como dueño y señor del país y, por tanto, no existe una coyuntura económica que las justifique". Petkoff advertía de que, si se persistía en los planes estatalizadores, "no habrá empresa petrolera que vaya a meter un centavo más en Venezuela (ni habrá inversiones en otros sectores)".

Fedecámaras también ha lanzado sus advertencias. La portavoz de la patronal venezolana, Alejandra Stojakovic, reiteró a Americaeconomica.com su postura crítica con los proyectos de nacionalización. Jose Luís Betancourt, presidente de Fedecámaras, afirmó hace unos días que "la nacionalización de empresas de servicios tendrá un impacto negativo en la calidad de vida de los venezolanos ya que, históricamente, las empresas públicas han sido ineficientes y una carga para el presupuesto nacional".

Aunque contrarios a los planes de nacionalización, la principal preocupación de la oposición venezolana son las reformas gubernamentales que pretenden concentrar el poder a través de cambios territoriales. La propuesta presidencial de eliminar las alcaldías, juntas parroquiales y otras representaciones del poder descentralizado podría hacer perder espacio político a los grupos de la oposición. "Se pretende volver al modelo de la elección de gobernadores a través de la dedocracia", afirmó Manuel Rosales al diario El Tiempo.

El sector industrial ha mostrado igualmente su desacuerdo con la nueva política del presidente venezolano. Directivos de Conindustria expresaron su preocupación porque "el Gobierno haya asumido o interpretado que su triunfo electoral del 3D (3 de diciembre) significaba un mandato popular para acciones que van más allá de lo planteado en la campaña electoral y en la normativa que rige el país", según declaraciones recogidas en El Universal.

Las críticas se oyen pero, a pesar de ello, no hacen tanto ruido como para que Hugo Chávez no prosiga con sus planes favorecido, eso sí, por el respaldo popular que obtuvo una vez más en las pasadas elecciones.