El mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, que asumió la Presidencia del país el pasado 15 de enero, se ha propuesto cambiar la nación hasta dejarla irreconocible, o eso se desprende de las reformas que ha empezado, o anunciado, en los apenas 10 días que lleva en el cargo.

Sin dudas, la más importante es la que se refiere a la deuda externa de la nación. Correa, que ya anunció en su discurso de investidura que no pagaría la totalidad del importe de la deuda por considerarla "ilegítima", aseguraba esta semana, a través de su ministro de Economía, Ricardo Patiño, que se realizará una exhaustiva auditoría para establecer el porcentaje del débito que pagará el Ejecutivo, ya que, aunque el próximo pago de vencimiento cumple en febrero, el Gobierno aún no ha decidido qué parte de los recursos fiscales se dedicará al pago.

Según el Banco Central de Ecuador, en noviembre de 2006 la deuda ascendía a 10.312 millones de dólares (7.958 millones de euros), por lo que Patiño aseguraba estos días que es muy difícil que el Ejecutivo atienda de forma simultánea las demandas del pueblo y la satisfacción de la deuda, marcando distancias con gobiernos anteriores, que concedían mayor importancia a los pagos que a las necesidades de la población.

En esta línea, el presidente Correa ha demandado la creación de un Tribunal Internacional de Arbitraje de la Deuda y la renegociación conjunta de los países deudores, previo establecimiento de la deuda ilegítima, esto es, la que no fue utilizada para el desarrollo de los países implicados y fue contratada mediante mecanismos poco claros.

Pero no sólo de deudas se ha preocupado el mandatario. El jueves, el ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta, anunciaba que el gabinete del presidente Correa tratará de buscar un "equilibrio contractual" en los acuerdos que mantiene con las compañías petrolíferas internacionales que operan en el país, de forma que el Estado tenga una mayor participación en los beneficios. Sin embargo, en palabras del propio Acosta, se hará "según un modelo propio" sin tomar como referente el de Venezuela o Bolivia, que han pasado por procesos similares.

Aunque el funcionario ha declarado que "no quiere adelantarse" a las decisiones del Gobierno sobre la renegociación, ha recordado que, pese a que en Ecuador, la titularidad de los recursos petrolíferos y mineros es pública, en la práctica, el Estado no recibe los beneficios que le corresponden, por lo que el mandatario ya prometió revisarlos en beneficio de la nación. Dentro de la política del Gobierno de respeto al medio ambiente y preservación de las reservas naturales y la vida de los indígenas, el titular de Energía ha hablado sobre la posibilidad de una "moratoria" en la extracción de crudo.

Las transformaciones del nuevo presidente también están afectando a la vida política de la nación. La promesa electoral de convocar un referéndum para consultar a la población sobre la conveniencia de instaurar una Asamblea Constituyente ha llenado las páginas de los periódicos esta semana, debido a las contradictorias reacciones que ha tenido entre la clase política y el pueblo.

El presidente enviaba el martes la convocatoria de referéndum al Tribunal Constitucional, organismo que la derivó al Congreso, para que los diputados determinen si la propuesta es o no constitucional, algo que no esperaba el Ejecutivo, que tuvo conocimiento de este hecho por canales extraoficiales. El propio Correa declaraba que "nos tienen sin cuidado los trámites internos" y que "el Gobierno espera la respuesta del Tribunal en los tiempos previstos por la ley".

Una mayoría de diputados de la oposición, entre los que se encuentra el presidente del Congreso, Jorge Cevallos, que ha declarado que esta iniciativa "está sumergiendo al país en el caos", diverge del planteamiento de Correa, y lo califican de inconstitucional, en contraposición al pueblo, que sí apoya la iniciativa del presidente.